El Congreso vota la letra pequeña de la ley de dependencia y discapacidad con las enmiendas del PP a las reformas

Cuidados más cercanos, menos burocracia y una inversión sin precedentes en quienes más lo necesitan. Esto es lo que España tendrá a partir de este miércoles, cuando se aprueben definitivamente las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad. El Congreso de los Diputados celebrará la última votación de la norma impulsada por el Gobierno, que pondrá el 50% de la inversión en el sistema en manos del Estado y dará mayores garantías jurídicas a las personas dependientes y con discapacidad.

Parte de lo que impulsa desde 2024 el Ministerio de Derechos Sociales ya se aprobó en junio, cuando el Consejo de Ministros aprobó transferir 6.200 millones de euros a las comunidades autónomas entre este año y el próximo para reforzar sus sistemas de atención a la dependencia.

Las enmiendas del PP y el voto en contra de Vox

Las reformas salieron del Congreso en julio con los votos en contra de Vox y la abstención del Partido Popular. Las derechas critican las “falsas expectativas” que pueden generar las reformas, además de la ausencia de una memoria económica que enmarcaron, según la diputada Carmen Fúnez, en la falta de Presupuestos del Gobierno. Por ello, utilizaron su mayoría absoluta en el Senado para modificarlas la semana pasada.

En total fueron más de 50 enmiendas, entre las que llevaron los populares a la Cámara Alta, y las que pactaron con Junts o el Partido Nacionalista Vasco (PNV). De esta manera, las normas salieron adelante sin votos en contra, aunque con la abstención de la ultraderecha y los jeltzale, además de las de Bildu, ERC o el BNG. El PP introdujo en el texto la derogación de una disposición de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) para adaptar centros educativos a personas con discapacidad, o la eliminación del límite de edad de 26 años en la CUME, la prestación para los familiares de personas con gran dependencia o una discapacidad superior al 65%; entre otras reformas.

Sin embargo, el grueso de las leyes ha vuelto al Congreso tal y como entró, en el anteproyecto de ley presentado por el ministro Pablo Bustinduy. El miembro de Sumar hizo de esta norma su proyecto estrella, en el que asegura que se trata del “mayor legado que va a dejar la legislatura”. La votación de este miércoles se prevé larga y complicada, pues se votan por separado cada una de las enmiendas. El Gobierno avanza que ejercerá su derecho a veto, por ejemplo, en la reforma de la CUME; y el PSOE y Sumar no garantizan votar a favor de todas las enmiendas.

¿Qué incluye la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad?

La parte económica de la reforma, la que ya se aprobó vía Real Decreto-ley, incluye los 6.200 millones transferidos a las comunidades autónomas, competentes en la gestión del sistema de dependencia. En total, el Gobierno doblará la inversión para 2027. El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales. Las autonomías asumían, hasta ahora, casi el 75% de la financiación, pero ahora se obligará a la Administración General del Estado a sufragar el 50% del sistema.

Lo que también se reforma con respecto a lo introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy son las incompatibilidades que siguen en vigor en varias regiones, y que tendrán que suprimir antes de 2030. Entre ellas está la que impide a un dependiente acudir a un centro de día y recibir asistencia a domicilio. La norma también contempla mejorar y ampliar la cobertura de los cuidados, con más personal y productos de apoyo como sillas de ruedas.

También se mejorarán las instalaciones de los centros de día, y se eliminarán trámites burocráticos para facilitar el acceso de los dependientes y sus familiares a las ayudas. Por ejemplo, aquellas personas con un grado de dependencia reconocido podrán obtener directamente un certificado del 33% o el 65% de discapacidad.

En cuanto a la ley de discapacidad, la norma incluye la reforma de la ley de propiedad horizontal para obligar a hacer obras en comunidades de vecinos para hacer los edificios más accesibles, mediante la instalación de una rampa o ascensor. También se contemplan mayores garantías jurídicas, al reconocer la accesibilidad universal como un derecho que se puede reivindicar en procedimientos con la Administración.