Los madrileños ven el macroproyecto 'Mahou-Calderón' un “pelotazo” que favorece a 'amigos' del PP

El macro proyecto ‘Mahou-Calderón’ aprobado el pasado 17 de julio por el Ayuntamiento de Madrid se da de bruces contra la resistencia de los vecinos del distrito de Arganzuela, que presentarán en los próximos días alegaciones contra lo que consideran un “pelotazo urbanístico” que favorece a “promotores próximos ideológicamente al Gobierno municipal y regional”.



Petición en Change.es
Según adelanta Nueva Tribuna.es, los vecinos han puesto en marcha una petición en Change.es dirigida al Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para la recogida de firmas contra el proyecto adjudicado a FCC. Para los vecinos, el gobierno y sus amigos siguen una “política de corte neoliberal que tiene como bandera y guía la desregulación de los mercados y la privatización de todo lo público”.

El proyecto
El proyecto que se desarrollará en los terrenos de la antigua fábrica de la Mahou y el espacio ocupado por el Vicente Calderón en Madrid, 204.218 metros cuadrados de superficie, incluye la demolición del recinto deportivo, el soterramiento de la M-30 a su paso por el estadio y la construcción de una urbanización con ocho torres en la denominada ‘Manzana Mahou’, de entre 8 a 20 plantas y dos rascacielos gemelos de 36 pisos, un total de 2.000 viviendas de unos 90 m2 cada una. En términos económicos, se traduce en una inversión de 393,75 millones de euros, de los cuales, 72 millones serán fondos públicos.

González cambió la ley
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, Mahou y FCC  impulsan el proyecto y el Gobierno de Ignacio González cambió la ley para adecuarla a las necesidades de la construcción después de que el Tribunal de Justicia de Madrid anulase parte de la operación, en lo que afecta a la altura de las torres fijada por la Ley del Suelo y que estipulaba no más de tres pisos de altura más ático en los terrenos del estadio y de la antigua fábrica de Mahou.

Lo que piden los vecinos
La Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial exige que el proyecto urbanístico atienda a las necesidades sociales, que se respete el volumen y la altura de los edificios con relación a los del resto de la zona y que se dote a la zona de infraestructuras sociales y culturales, en lugar de “satisfacer exclusivamente los intereses del capital especulativo”.