La ley para poner coto al alquiler de temporada encalla por el bloqueo de Junts

La tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, impulsada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG, se ha convertido en uno de los principales frentes de bloqueo parlamentario de la legislatura. Pese a haber sido tomada en consideración hace ya un año, la iniciativa permanece prácticamente congelada en el Congreso de los Diputados como consecuencia directa del veto político anunciado por Junts, cuya negativa a respaldar cualquier propuesta vinculada al Gobierno ha enfriado de forma notable el recorrido de la norma y desplaza cualquier expectativa de aprobación, como pronto, hasta 2026.

El objetivo central del texto es cerrar una de las grietas más utilizadas en el mercado del alquiler tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023. La proposición pretende incluir los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones dentro del paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, equiparándolos a los contratos de vivienda habitual. Con ello, los grupos impulsores buscan desincentivar el uso fraudulento de estas fórmulas, que actualmente se emplean para esquivar los límites de precios y las garantías para los inquilinos previstas en la normativa vigente.

Aunque el Congreso dio luz verde a su toma en consideración en diciembre de 2024, la iniciativa no comenzó a moverse de manera efectiva hasta casi un año después, en noviembre de 2025, cuando se convocó por primera vez la ponencia encargada de estudiar las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Ese arranque tardío coincidió, además, con el anuncio público de Junts de oponerse en bloque a cualquier iniciativa legislativa promovida o respaldada por el Ejecutivo, una decisión que ha tenido efectos inmediatos sobre el calendario y las posibilidades reales de la ley.

Apoyo insuficiente

Pese al clima de bloqueo, la norma logró superar el trámite de ponencia gracias al respaldo del PSOE y del PNV, lo que permitió que el texto quedara preparado para su debate en la Comisión de Vivienda. Sin embargo, ese avance resultó insuficiente para garantizar su aprobación definitiva. En el actual equilibrio parlamentario, Junts se ha convertido en un actor decisivo, y su rechazo frontal a la iniciativa complica cualquier salida.

Ante esta situación, algunos de los grupos proponentes exploraron una vía alternativa para sortear el bloqueo del Pleno. La propuesta pasaba por dotar a la Comisión de Vivienda de competencia legislativa plena, de modo que, una vez aprobada allí, la ley pudiera remitirse directamente al Senado sin pasar por la votación del conjunto del hemiciclo. La aritmética avalaba esa opción: en comisión, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos - que en este órgano suma el voto del Grupo Mixto - alcanzan 19 apoyos, frente a los 18 que reúnen PP, Vox y Junts.

No obstante, esta maniobra quedó frustrada por un obstáculo político clave. La presidencia de la Comisión de Vivienda está en manos del Partido Popular, responsable de convocar sus reuniones, y desde este puesto no hubo voluntad de facilitar una estrategia que permitiera esquivar el Pleno. Desactivada esa posibilidad, el Congreso aprobó en la última sesión plenaria la avocación del texto, lo que implica que, incluso si la ley sale adelante en comisión, deberá someterse finalmente al voto de todos los diputados.