La 'Ley de lobbies' decae en el Congreso

El Pleno del Congreso ha derogado este miércoles, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies', un texto que ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Aunque el texto ha sido apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, ha caído por los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente.

Este era el segundo intento del Gobierno para regular los grupos de interés, pues en enero de 2025 ya había enviado a la Cámara un proyecto de ley cuya tramitación encalló por falta de acuerdo. El decreto ley estaba en vigor desde su aprobación a finales de agosto, pero al no recibir el refrendo del Congreso ha quedado derogado.

Durante sus intervenciones, la mayoría de grupos han echado en cara a los socialistas que, en lugar de intentar el consenso en sede parlamentaria, hayan utilizado la vía del decreto ley para impulsar estas medidas justificando la urgencia en la necesidad de cumplir los plazos fijados para poder tener acceso a 1.500 millones de fondos europeos.

Pero el grueso de las críticas se han centrado en la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales como grupos de influencia. Al presentar el texto, el ministro de Transición Digital, Óscar López, ha avanzado que, si se convalidaba, antes de noviembre el Gobierno presentaría una enmienda a otra norma en el Congreso para dejar claro que los miembros del diálogo social quedarían excluidos de esta regulación.

Incluidas las propuestas de los grupos

El ministro ha hecho hincapié en que el Gobierno había recogido en el decreto ley el 90% de las propuestas de los grupos, incluidos PP y Junts, y ha cargado especialmente contra los 'populares' y Vox: "Cuando en Europa pregunten por qué en España no hay una ley de 'lobbies' habrá que responder que fue porque lo impidieron la derecha y la ultraderecha", ha aseverado.

A su juicio, a la ciudadanía le va a costar entender "que la oposición no quiere aprobar un proyecto por el cual el Gobierno eleva los controles sobre el Gobierno" y que además, está "pactado con Bruselas" y con el sector lobista.

Los portavoces de los distintos grupos que han tomado la palabra, salvo Vox, han defendido la necesidad de imprimir más transparencia a las relaciones de los 'lobbies' con el Gobierno, pero han coincidido en que esta regulación llega "tarde" y es insuficiente.

Para el diputado de Bildu Óskar Matute, no sirve para dejar claro "quien influye, en quién, con qué recursos y con qué consecuencias". En opinión de Néstor Rego, del BNG, el decreto supone en realidad la "legalización del lobismo" y no actúa contra las 'puertas giratorias', mientras que Àgueda Micó (Compromís) ha aprovechado para quejarse de que el plan contra la corrupción anunciado por el Gobierno sigue "a medio hacer", porque aún no hay sanciones para los corruptores.

Pero la mayoría de las quejas han llegado por la inclusión de los sindicatos, un "despropósito mayúsculo" para el BNG y un "dislate" y un "gravísimo error" para Carlos Martín, de Sumar. Oskar Matute (Bildu) ha criticado la "incongruencia" que, a su juicio, supone dar a los sindicatos el mismo trato que a la patronal. "No creo que Repsol sea igual que el movimiento de pensionistas", ha puesto como ejemplo, tras censurar que se pretenda "dificultar la acción de colectivos sociales".

"Una cosa es el diálogo social en un sentido abstracto y genérico y otra la relación de influencia directa que puede tener un sindicato sobre una decisión gubernamental o legislativa, no nos gusta esta ambigüedad", ha avisado el diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, criticando que no se considere 'lobbies' a los colegios profesionales pero sí a los sindicatos.

Desde Junts, Josep Pagès ha censurado que se quiera hacer pasar a las pymes y asociaciones "por el mismo aro" que a las grandes empresas y las consultoras. Para los independentistas, esta norma se ha hecho "a medida" de los lobistas profesionales y lo que hace es desincentivar las relaciones con la administración de las pequeñas empresas y entidades sociales.

La 'popular' Edurne Uriarte se ha mostrado a favor de regular la actividad de los grupos de interés, pero no a través de un "repentino" decreto ley que, además, "elimina el papel constitucional de los sindicatos y organizaciones empresariales". Asimismo, ha restado credibilidad a López para hablar de calidad democrática y le ha instado al reactivar el proyecto de ley para regular este tema.

El diputado de PNV Mikel Legarda ha puesto el foco en la utilización del decreto ley habiendo una ley en trámite en la Cámara y ha recriminado al Gobierno que haya ido mucho más allá de lo previsto en su proyecto inicial. Por eso ha invitado al ministro aprobar un nuevo decreto de mínimos, basado en los estándares europeos y realmente pactado con los grupos, si quiere recabar apoyo para convalidarlo.

Emilio del Valle, de Vox, ha rehusado entrar en el contenido del decreto y se ha limitado a acusar al Gobierno de faltar al respeto al Congreso. "Convalidar en estas condiciones normaliza el decreto ley como atajo frente a un Congreso que no da los votos", ha denunciado, afeando al Ejecutivo que pretenda "sustituir la negociación de enmiendas por un procedimiento en el que solo cabe decir sí o no".

Por último, el socialista José Luis Aceves ha acusado a quienes han rechazado el decreto ley de querer que sus relaciones con los lobbies "sigan produciéndose en la oscuridad" y a recriminado al PP que vote en contra de sus propias propuestas incluidas en el texto.