Ley de Eficiencia, año I: más juicios, más jueces y lejos del “colapso total” que profetizaba la derecha

“Colapso total”, “inseguridad jurídica”… Con estos términos despachaba la derecha – especialmente el Partido Popular – la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes de su tramitación. Hace exactamente un año el texto entraba en vigor y, aprovechando la efeméride, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha hecho balance de sus primeros 365 días de vida con un mensaje cristalino. La iniciativa de la cartera que dirige Félix Bolaños ha provocado más actividad en los órganos judiciales, con un refuerzo extra de las plantillas de jueces y una reducción considerable de los casos pendientes. Desde el departamento describen este hito como una transformación estructural del sistema judicial que ha ayudado a agilizar los tiempos de respuesta y reducir la sobrecarga histórica de los juzgados. No obstante, admiten que se han topado con algunas incidencias de carácter puntual.

Desde el ministerio exponen los datos compilados durante estos doce meses de vigencia de la ley, destacando una tendencia a la baja en la litigiosidad y un incremento en la actividad judicial efectiva. En concreto, estiman que los asuntos ingresados en las órdenes civil y mercantil han caído un 20,4%. Cifras que se alejan del “colapso total” que auguraban los conservadores como argumento de rechazo al texto. Atribuyen la caída, en gran medida, a la implantación de los medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), convirtiéndose en un paso previo obligatorio antes de acudir a los tribunales en esta tipología de conflictos legales.

El impacto de tales mecanismos se resiente en el conjunto del sistema. Sumando todas las jurisdicciones – civil, penal, social y contencioso-administrativa -, la litigiosidad ha bajado un 9,9%. A ojos del Ministerio, este porcentaje supone un indicio claro de que el nuevo modelo está contribuyendo a la descongestión de los órganos judiciales. De hecho, apuntan que uno de los indicadores más relevantes es la evolución de los asuntos pendientes, siendo éste una de los problemas tradicionales de la Administración de Justicia. Tras doce meses de vigor de la Ley de Eficiencia, la pendencia ha disminuido 4,5 puntos en el orden civil y 0,67 en el global. Datos que reflejan una reducción sostenida desde 2016, a excepción del paréntesis devengado de la pandemia del coronavirus.

Nuevo modelo y refuerzo de plantillas

La Ley de Eficiencia ha introducido cambios de calado en la organización judicial. Uno de los más significativos ha sido la sustitución de los tradicionales juzgados unipersonales por tribunales de instancia. Este nuevo modelo abandona la estructura basada en un único juez y su equipo para dar paso a órganos colegiados integrados por varios magistrados, apoyados por una oficina judicial común.

Desde el Ministerio defienden que esta reorganización permite una gestión más flexible de los recursos, facilita el reparto de cargas de trabajo y reduce los cuellos de botella que se generaban en los sistemas anteriores. La existencia de una única estructura de apoyo técnico para varios jueces, sostienen, contribuye a homogeneizar los tiempos de respuesta y a mejorar la eficiencia operativa.

A este rediseño organizativo se suma un refuerzo sin precedentes de los medios personales. En el último año se han creado 700 nuevas plazas de jueces y fiscales, lo que, según el Ejecutivo, constituye la mayor ampliación de plantillas en un sólo ejercicio. Este incremento ha permitido absorber parte del volumen de trabajo acumulado y ha contribuido al aumento de la actividad judicial.

Los datos de funcionamiento apuntalan esta lectura. Entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo - antes del parón de Semana Santa -, el número de vistas celebradas ha crecido más de un 3%, mientras que las vistas señaladas han aumentado en torno a un 6%. Estas cifras reflejan, según Justicia, una mayor capacidad de los órganos judiciales para programar y resolver procedimientos.

Implantación progresiva

La aplicación de la ley se ha desarrollado de forma gradual en todo el territorio, un proceso que, según el Ministerio, se ha llevado a cabo sin incidencias estructurales ni efectos negativos en el funcionamiento ordinario de los tribunales. Las mismas fuentes aseguran que la transición hacia el nuevo modelo no ha provocado retrasos significativos ni un aumento de las suspensiones de vistas.

No obstante, el propio departamento reconoce la existencia de incidencias puntuales durante este primer año. Entre ellas, destacan las diferencias en el ritmo de adaptación entre comunidades autónomas o la persistencia de altos niveles de interinidad en algunos cuerpos de funcionarios. En este sentido, el Ministerio señala que se están desarrollando procesos de estabilización para reducir la temporalidad, aunque admite la complejidad técnica y administrativa de estos procedimientos.

Desde Justicia también se subraya que la reforma responde a una demanda compartida por distintos actores del sistema. Según el Gobierno, el nuevo modelo organizativo cuenta con el respaldo de asociaciones judiciales, letrados de la Administración de Justicia y organizaciones sindicales, además de haber sido objeto de consenso en etapas políticas anteriores.

Inversión y modernización del sistema

La implantación de la Ley de Eficiencia ha ido acompañada de una inversión significativa. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha destinado 1.121 millones de euros a su desarrollo. De esta cantidad, 192 millones se han dedicado a reforzar los medios personales, 850 millones a procesos de digitalización y 79 millones a la adecuación de infraestructuras judiciales.

El objetivo de este esfuerzo inversor es adaptar el sistema a las necesidades actuales y superar un modelo organizativo que, según el propio Ministerio, arrastraba inercias propias de diseños del siglo XIX. La modernización tecnológica y la reorganización interna buscan optimizar el uso de recursos disponibles, mejorar la distribución de cargas de trabajo y dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta ante picos de litigiosidad.

En paralelo, la introducción de los MASC pretende fomentar soluciones extrajudiciales que eviten la judicialización innecesaria de conflictos, especialmente en el ámbito civil y mercantil. Esta vía, defienden desde el Ministerio, no sólo contribuye a reducir la presión sobre los tribunales, sino que también facilita acuerdos más rápidos entre las partes implicadas.