La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudo haber utilizado dinero del partido para pagar a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y que esos abonos habrían sido presuntamente camuflados mediante facturas simuladas. La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha dado este miércoles un salto cualitativo con la entrada de agentes de la Guardia Civil en la sede federal socialista de la calle Ferraz, en Madrid, donde han requerido diversa documentación relacionada con las pesquisas.
Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al partido, más de una docena de guardias civiles se han personado en Ferraz a primera hora de la mañana y, además de documentación, también se han requisado varios teléfonos móviles. La actuación se enmarca en un operativo más amplio ordenado por Pedraz, que incluye registros en los domicilios madrileños de Cerdán, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos imputados en la causa, según han confirmado fuentes próximas a la investigación. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también figura como investigada en el procedimiento.
El magistrado también dirige las pesquisas contra el abogado Jacobo Teijelo Casanova y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Las pesquisas se centran en determinar si desde el entorno de Cerdán se articularon pagos a Díez y a otras personas para desarrollar campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes jurídicas y de la investigación sostienen que esas entregas de dinero se habrían ocultado presuntamente a través de facturas falsas o simuladas. Esas mismas fuentes subrayan, no obstante, que hasta el momento no se han detectado indicios de financiación ilegal del PSOE como organización.
La gerencia del PSOE, bajo la lupa
Uno de los elementos centrales de la investigación apunta ahora a la posible colaboración de la estructura administrativa del partido. La Guardia Civil cree en estos momentos que podría haber existido colaboración por parte de la gerencia del PSOE con Cerdán para simular las facturas que habrían servido para justificar los pagos a Leire Díez. Esa línea de investigación explica la imputación de Ana María Fuentes, gerente del partido, y el requerimiento de documentación realizado en la sede federal socialista.
La entrada de la UCO en Ferraz se ha producido a primera hora de la mañana. Los agentes han acudido a la sede socialista para requerir documentación y archivos electrónicos relacionados con la causa. Según fuentes próximas al caso, las diligencias se enmarcan en los tres autos dictados por Pedraz, notificados este miércoles a los representantes legales de las personas físicas y jurídicas requeridas.
El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada reviste gravedad tanto por las penas que podrían imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación. Por ello, entiende proporcionadas las medidas acordadas, que consisten en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas, para que hagan entrega inmediata de la documentación, archivos electrónicos e información detallada en las resoluciones judiciales.
El operativo no se ha limitado a Ferraz. El teniente coronel de la UCO Antonio Balas encabeza el grupo de agentes que se han personado también en la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para recabar expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas contra miembros del instituto armado que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE. Los agentes de la UCO han tomado declaración a funcionarios encargados de tramitar esas actuaciones disciplinarias contra sus compañeros.
Según fuentes próximas al caso, varios miembros de la cadena de mando de la UCO, desde la unidad hasta superiores jerárquicos, fueron objeto de informaciones reservadas y expedientes disciplinarios para determinar si estaban detrás de filtraciones periodísticas relacionadas con investigaciones que afectan, entre otros, a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El foco en las facturas y en la estructura interna
Una de las líneas de investigación apunta a la posible utilización de facturas presuntamente falsas o mendaces para camuflar pagos vinculados a la trama. En ese contexto se sitúa la mención expresa del juez a la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. Pedraz aprecia indicios de su posible responsabilidad, al menos como cómplice, y en todo caso como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de esas facturas.
Respecto a Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelarían su colaboración con los investigados en la ejecución de actos concretos y aislados en auxilio del presunto plan ilícito. No obstante, Pedraz subraya que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su eventual responsabilidad penal.
El procedimiento trata de esclarecer si los investigados participaron en una estructura orientada a interferir o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Ejecutivo. Entre los delitos incluidos en la causa figuran organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y delito contra las instituciones del Estado.
La UCO toma declaración a agentes de Régimen Disciplinario
En la Dirección General de la Guardia Civil, los investigadores han recabado todos los expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas contra agentes vinculados a investigaciones judicializadas que afectan al PSOE. La información reservada es una fase previa a la apertura de un expediente disciplinario y sirve para determinar si existen indicios de una posible falta. Si esos indicios aparecen, se abre expediente y se designa instructor y secretario para esclarecer los hechos y elevar una propuesta de sanción o de archivo.
Los agentes de la UCO han tomado declaración a funcionarios de Régimen Disciplinario encargados de tramitar esas pesquisas internas. La diligencia busca determinar el origen, alcance y finalidad de las actuaciones disciplinarias abiertas contra miembros de la Guardia Civil que participaron en investigaciones sensibles para el PSOE, especialmente en un contexto marcado por las sospechas sobre filtraciones a medios de comunicación.
El requerimiento en la Dirección General de la Guardia Civil está vinculado al mismo operativo ordenado por Pedraz y relacionado con la investigación de supuestas maniobras contra fiscales, cargos policiales y otros actores implicados en causas judiciales. La operación incluye, además del requerimiento en Ferraz, diligencias relacionadas con Santos Cerdán y otros investigados.
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