Hoy he firmado, como presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), junto con el Consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid.

Con la parte económica que conlleva este convenio, signado anualmente desde la formación de la FMM al inicio de su andadura, se sufraga alrededor del 35% de los gastos de funcionamiento de la entidad. El resto, el 65%, se financia con las cuotas que aportan los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en proporción a su número de habitantes.

La actividad de la FMM se basa en la defensa de los intereses del municipalismo, y son los propios municipios, en base a la autonomía local que les consagra la Constitución Española, los que trabajan para hacer de esa autonomía y de la colaboración con otras instituciones –Administración Regional y Administración Estatal– herramienta de trabajo del servicio público a los vecinos y vecinas de sus respectivos ámbitos geográficos.

Mi obligación como presidente es defender el municipalismo, la autonomía municipal y los intereses de los municipios en su relación con otras administraciones, siempre desde la colaboración y la lealtad institucional.

No se puede confundir, como alguien interesadamente ha venido a mezclar, la defensa de los municipios y de sus intereses con la defensa partidista. Mi labor no tiene que ver con la confrontación entre partidos y sí con las cuestiones a mejorar en la relación entre administración local y regional.

Cuando protesté por la cancelación de los convenios entre Comunidad de Madrid y ayuntamientos para la financiación de parte de la Educación 0 a 3 (tema afortunadamente arreglado), defendía los intereses de todos los municipios afectados, independientemente del color de su alcalde o alcaldesa.

Cuando di mi opinión sobre el cierre apresurado e improvisado del Programa de Inversiones Regional (PIR) del periodo terminado en 2019, estaba hablando en defensa de muchos municipios de la Comunidad de Madrid, gobernados por diferentes fuerzas políticas, que han visto como han decaído proyectos que tenían planificados, y no por causas imputables a ellos.

Cuando declaré que no me parecía bien la forma de tramitación de la modificación de la Ley del Suelo (tampoco me parece bien el fondo, además de la forma), que afecta única y exclusivamente a competencias municipales, defendía intereses de alcaldes y alcaldesas de todo signo.

Cuando, poniéndome a disposición de la Consejería de Educación, en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas, para colaborar en la vuelta a las aulas, expongo que no se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos para elaborar el documento de medidas, expreso una postura que ya he indicado en varias asuntos: en las cuestiones que conciernen a los ayuntamientos, es mejor que estos colaboren en la elaboración de las normas, documentos, reglamentaciones, legislaciones, que encontrarse con la redacción realizada, e incluso en ocasiones, con cuestiones difíciles, o imposibles, que llevar a la práctica.

Ejemplo de buena práctica sobre lo anteriormente dicho es, el trabajo que se ha realizado, y se está realizando, entre la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y la FMM, para llegar a un consenso sobre los nuevos convenios para la financiación de las anteriormente conocidas como brigadas BESCAM de policía local de los municipios de Madrid.

Reivindico el municipalismo, claro está, pero sobre todo reivindico que nadie podrá defender más el municipalismo que lo propios municipios. Y para ello, hay que dar la palabra a los municipios en la Comunidad de Madrid.

Guillermo Hita, presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey