La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha esperado pacientemente durante toda la campaña electoral a que la presidenta del Gobierno regional, María Dolores Cospedal, cumpliera con lo manifestado en un mitin en el que “nos invitaba a ir con ella para que nos enseñara como se debía tratar a las personas dependientes y aprovechar la ocasión para presentarla personalmente todas las reclamaciones e instarla a iniciar, en el caso de ser reelegida, la devolución de todas las prestaciones y servicios recortados o eliminados al amparo de una legislación que nunca debió aplicarse”, señalaba este sábado a ELPLURAL.COM su portavoz, José Luis Gómez-Ocaña, en el instante de registrar ante el Gobierno de la también secretaria general del PP un buen número de reclamaciones para que asuma, cumpla y ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCLM) que considera la ley de Cospedal “nula de pleno derecho” (ver sentencia).



“Evitar sufrimientos y dolor”
Gómez-Ocaña nos decía que su Plataforma ha intentado hasta el último momento, “y por enésima vez, explicar a la señora Cospedal las consecuencias de sus actuaciones políticas con las personas en situación de dependencia y evitar así todo el sufrimiento y el dolor a todo este colectivo de tener que reclamar lo que por ley nunca debieron arrebatarle”. La cruel indiferencia del Gobierno castellano-manchego del PP ha llevado a los afectados a presentar este sábado un centenar de reclamaciones, “de las 1.943 gestionadas por nuestra Plataforma en solo diez días”, añade, “es una mera recopilación de los casos más sangrantes que se han ido repitiendo de forma sistemática durante los últimos 4 años”. He aquí un par de dantescos ejemplos que este periódico denunció en su día.

Jomian murió a cien kilómetros de su madre…
La plataforma lleva razón, y ELPLURAL.COM estuvo ahí para denunciar las “sangrantes situaciones”, concreta el portavoz, a las que Cospedal llevó a un buen número de dependientes, negándoles algunos de ellos el pan y la sal. Tal es el caso de Jomian, un niño de 13 años gran dependiente al que el Gobierno de Cospedal le denegó la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y que impidió que su madre pudiera cuidarle, “muriendo a cien kilómetros de distancia de ella”, señala indignado José Luis Gómez-Ocaña, quien nos recuerda que en este caso todos “los informes de los trabajadores sociales eran favorables, especificando, de forma clara y precisa, que su madre era la que debía de cuidar al pequeño”. Todos conocimos el desenlace, y todos los ciudadanos pudieron comprobar la indiferencia de Cospedal, a quien ahora la madre de este niño fallecido, Yulisa Merle, le exige el cumplimiento de la sentencia del TSJCM (Ver reclamación).



…Isabel perdió la prestación económica…
Pero aquí no queda la mala praxis aplicada por Cospedal a los dependientes, como lo prueba el caso de Isabel, una señora mayor gran dependiente que vio como su esposo, reconocido también gran dependiente, fallecía al año de su valoración esperando a recibir la prestación que la ley le reconocía. Suma y sigue: a la semana del deceso de su marido, murió el hijo de Isabel que era su cuidador y como la ley determina se comunicó dicho fallecimiento para que se procediera a cambiar a la persona cuidadora. “Pues bien, el Gobierno de Cospedal no solo no procedió a dicho cambio sino que la hizo una revisión de oficio, retirándola la prestación económica y ofreciéndola una hora y media al día de ayuda a domicilio”, señala Gómez-Ocaña, visiblemente emocionado.

…Y otros cinco mil han fallecido
Emoción que nos traslada porque es difícil entender cómo María Dolores Cospedal puede ningunear, jugar con la vida de estas personas que, simplemente, exigen lo que por ley les pertenece. Pero eso sí, lejos de achantarse han demostrado un gran coraje y dignidad, que ya quisiera la presidenta de Castilla-La Mancha para ella, como lo prueba las reclamaciones presentadas este sábado, y que no son otra cosa que el preludio del aluvión de demandas “que pueden paralizar los juzgados de lo contencioso administrativo”, concluye Gómez-Ocaña, “y todo ello con la seguridad de sentencias estimatorias y con intereses a dichas demandas, lo que se traduce en un elevadísimo coste económico para el erario público, aunque de difícil reposición para los más de 5.000 dependientes fallecidos”.