Ángela Murillo (presidenta), Teresa Palacios y Francisco Martel (ponente), que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo tienen claro, tanto como para publicar un auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver auto), en el que recogen los “claros, contundentes y rotundos indicios de entregas en efectivo” al todavía gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, para pagar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en 2007. O lo que es lo mismo, los tres magistrados aseguran que la supuesta mordida de 200.000 euros que recibió el partido de la también secretaria general de la formación conservadora es algo más que un supuesto y recoge demasiados visos de realidad como para proceder a su archivo. De ahí que avalen la decisión del que fuera hasta hace unos meses titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, Pablo Ruz, de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga este posible delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP, adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr, según reconoció en sede judicial el extesorero “popular” Luis Bárcenas.

A punto de llegar al Alto Tribunal manchego
A la Sala no le cabía otra decisión, ya que el archivo de esta pieza separada, denominada “Informe UDEF-BLA nº 22.510/13”, hubiera dejado en el cajón judicial “claros indicios” expresados por Ruz, que estuvo tentado en enviar la supuesta mordida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al estar aforados en la investigación que se realizaba la presidenta de la Comunidad, María Dolores Cospedal, y su hombre de confianza y hasta hace unos días presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado, mencionados por Bárcenas como receptora y urdidor de la supuesta mordida, respectivamente, y que ahora los juzgados toledanos tendrán que investigar. Corresponderá al juez decano, Juan Ramón Brigidano, el reparto de la causa y la designación del instructor de esta pieza separada, que a decir verdad lo tiene mucho más fácil que su antecesor en la Audiencia Nacional, ya que las imputaciones se mantienen y solo es cuestión de que alguno de los inculpados decida hablar o colaborar con la Justicia ante “los indicios contundentes” apreciados por la Sala de lo Penal

“Las basuras olían mal”
Sala que avala que los citados juzgados de la capital castellano-manchega investiguen al gerente regional, receptor y firmante de la supuesta mordida de los 200.000 euros (ver recibí) José Ángel Cañas, que lejos de ser apartado del partido recibió las bendiciones de Cospedal para hacerse con las riendas dinerarias de la pasada campaña electotral. Los magistrados mantienen también la imputación del entonces vicealcalde y firmante del “papeleo” de la mordida, así como tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo por aquel entonces, José Manuel Molina, desde hace un año canciller de la Embajada española en la República Democrática del Congo y denunciado en otro caso por su familia directa por supuesta apropiación indebida. Imputaciones de la que no se libran tampoco el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el actual titular de la compañía y enemigo declarado del primero, Manuel Manrique. Todo ello demuestra, según fuentes municipales, que las “basuras olían mal desde el principio”.

Rajoy y Cospedal, de rositas
Eso sí, los jueces han vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos (ver auto), en la causa en la que se investiga la ´caja B´ de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su “intervención o interferencia” en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, lo que no quiere decir que Cospedal no acabe sentada en el banquillo en el caso de la supuesta mordida de los 200.000 euros, al rechazar los magistrados, como decimos, la petición de su gerente, considerado por Bárcenas “imbécil”, que pretendía el archivo de la causa. De esta forma, la Sala de lo Penal confirma que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros “populares” citados, el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.