Junts per Catalunya se alineará esta semana con Partido Popular y Vox para respaldar una iniciativa que endurece las condiciones de regularización de personas migrantes promovidas por el Ejecutivo. La formación vinculada a Carles Puigdemont apoyará la exigencia de presentar un certificado oficial que acredite la ausencia de antecedentes penales, incluso en los casos en que las autoridades del país de origen no respondan.
Según ha adelantado el diario ARA, Junts votará este jueves en el Congreso a favor de una enmienda del PP incluida en la ley de multirreincidencia, que eleva las exigencias para que los migrantes puedan acceder a la regularización. La aprobación de la norma no peligra en cualquier caso. La modificación impulsada por los populares, con el respaldo de Junts y Vox, establece que toda autorización de residencia estará condicionada a la inexistencia de antecedentes penales.
A diferencia del texto inicial acordado por el Gobierno con Podemos, la enmienda precisa que dicha condición deberá acreditarse mediante un certificado oficial expedido por una autoridad competente del país de origen o de residencia anterior, y no bastará con una declaración responsable del solicitante. Además, el texto subraya que la imposibilidad de obtener ese documento o la falta de respuesta de las autoridades extranjeras no permitirá sustituir este requisito por otros medios.
Entre las modificaciones incorporadas durante su paso por el Senado, que ahora deberá ratificar el Congreso, figura también otra enmienda del PP que obliga a recabar un informe policial completo para tramitar permisos de estancia y residencia. Asimismo, se contempla que en un plazo máximo de dos años se refuercen las plantillas del Ministerio Fiscal, incorporando al menos un fiscal adicional por cada 100.000 habitantes en fiscalías de ámbito autonómico, provincial y de área.
El texto incluye igualmente una aportación del PSOE, que introduce un subtipo agravado del delito de defraudación de fluido eléctrico. Esta modificación prevé un mayor castigo —con penas de prisión de entre seis y dieciocho meses o multas de doce a veinticuatro meses— en aquellos casos relacionados con plantaciones interiores de marihuana, donde es habitual el fraude en el consumo de electricidad.
Este domingo la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en declaraciones a Europa Press que confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regularización de migrantes. Sin embargo, ha dicho que teme que el PSOE busque "filibusterismo parlamentario" o "alguna maniobra" para impedirlo. "El gobierno plantea procesos de regularización de migrantes sin ningún tipo de control desde el punto de vista de la seguridad. Pero si hay una mayoría parlamentaria que está en otra posición, tendrá que respetarlo e incorporarse a la ley", ha declarado.
