Esto es lo que Junts aleja de Cataluña con su 'divorcio': del FLA a la financiación singular

No son sólo 25 leyes. El enésimo cabreo de Junts con el Gobierno ha abierto una línea temporal que pocos aventuraban, sobre todo después de tantos avisos de divorcio que no cristalizaban. La semana pasada primero y este jueves como colofón, los neoconvergentes consumaron – por fin – su ruptura con los socialistas. Miriam Nogueras, portavoz de los soberanistas en el Congreso de los Diputados, puso cara y voz a la decisión de su jefe desde Waterloo, Carles Puigdemont. Las consecuencias de la separación no sólo afectan a 25 normas que caerán en la Cámara Baja, sino que también sacude a la Cataluña que quieren defender. El enroque del expresident tiene una lectura en el eterno pulso que mantienen con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), habida cuenta de que deja en el aire una carpeta sustancial como es la financiación singular que Oriol Junqueras negocia con Hacienda y, aparejado a ella, la quita del Fondo del Liquidez Autonómica; al margen de otras cuestiones de menor dimensión.

Todas estas iniciativas deben seguir la senda parlamentaria en el Congreso, donde el bloque de la investidura ya no cuenta con los siete votos de Junts tras desgajarse del mismo. “No habrá más colaboración, ni más negociación”, aseguró contundente la portavoz de los juntaires desde el Patio del Congreso de los Diputados. Anuncio que se incrustaba en el tiempo una semana después de que las bases respaldaran el desaire de Puigdemont y su cúpula. Una cláusula más del escrito inicial, que empujaba al Gobierno a un terreno absolutamente ignoto y de previsible bloqueo.

Veto a Cataluña

El veto de Junts se extiende a todo lo que lleve el membrete de Moncloa. Por supuesto, se incluyen propuestas que ya han salido del Consejo de Ministros, como dos de los puntos clave sobre los que orbita la legislatura y que competen a los acuerdos cerrados por Esquerra Republicana. Asuntos troncales como la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y, sobre todo, el futuro de la financiación singular para Cataluña. Esta última, además, un horizonte que respondía a la reivindicación histórica de los republicanos en busca de un reparto justo para con el resto de España.

Los cálculos que manejan en el Gobierno es que la condonación de la deuda se estima en un valor de 83.000 millones de euros que el Estado asumirá como parte de su estrategia para adelgazar el sobreendeudamiento de las autonomías. Un plan que, de aprobarse, impactaría con virulencia sobre las cuentas de la Generalitat, que vería cómo desaparecen 17.104,95 millones de euros. Es decir, un porcentaje que roza el 20% del pasivo total; aunque cabe señalar que los juntaires siempre reivindicaron la quita total de la deuda y no una parcial.

En suma, impacta también contra la financiación singular para Cataluña. Este terreno es algo más farragoso, máxime cuando las negociaciones entre Hacienda y ERC siguen encasquilladas. En cualquier caso, su aprobación depende del visto bueno del Congreso de los Diputados, aunque ahora se complica con la ruptura de Junts. Como también se pueden caer algunos puntos que emanan del acuerdo de investidura de republicanos y socialistas. Es el caso del plan para apuntalar la Agencia Tributaria Catalana y permitir que pueda recaudar el IRPF. Aunque está por ver la determinación que tomarán los neoconvergentes a este respecto, la previsión es que – siguiendo el trazo marcado por Nogueras – pueda quebrar.

 Todo ello al margen de otras cuestiones de carácter competencial como el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima; normativa que está en trámite en el Congreso de los Diputados y en la que Junts puso el acento al denunciar el “abandono” al que el PSC ha sometido al sector pesquero. También renunciarán a negociar iniciativas como los permisos por defunción que baraja la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, quien además aprovechó el mismo jueves para señalar a Junts por “perjudicar a la clase trabajadora” con sus cálculos políticos, a pesar de que anunciaron que su apoyo es inquebrantable en materia de Ley de Servicios de Atención a la Clientela o ayudas para los enfermos de ELA, que tendrán el visto bueno de la Cámara Baja.