El mes de julio comenzó para el Partido Popular con una energía poco habitual. Con el caso Cerdán aún caliente y los sondeos apuntando a que Alberto Núñez Feijóo estaría más cerca que nunca de la Moncloa, los populares arrancaban el verano con una euforia contenida pero creciente. La atmósfera alcanzó su punto álgido durante el Congreso Nacional del PP, un evento diseñado para reforzar liderazgos, cerrar heridas internas y proyectar la imagen de un partido en plena forma, listo para gobernar.
En el congreso, las muestras de unidad y apoyo a Feijóo se multiplicaron, pese a las tensiones soterradas entre distintas corrientes del partido. Allí se apeló al pasado, pero con vocación de futuro. El PP quiso mostrarse como una alternativa sólida, moderada y centrada frente al Gobierno de Pedro Sánchez. No faltaron los discursos en clave regeneradora y el aplauso cerrado a un Feijóo que parecía recuperar oxígeno tras meses de desgaste parlamentario. Pero lo que parecía el inicio de un camino ascendente se fue torciendo conforme avanzaban las semanas.
El primer golpe llegó con el escándalo protagonizado por Noelia Núñez, hasta entonces vicesecretaria nacional de Movilización y diputada en el Congreso. La dirigente había asegurado en su perfil oficial tener un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, además de estudios en Filología Inglesa. Sin embargo, la realidad desmentía el currículum: ni había finalizado el doble grado ni había completado los estudios adicionales que aseguraba tener. El asunto saltó a los medios y fue rápidamente instrumentalizado por la oposición, que denunció un caso claro de falseamiento académico.
Las explicaciones no tardaron en llegar. Núñez habló de un “error” y negó haber querido engañar a nadie, pero el daño estaba hecho. A los pocos días, anunció su dimisión de todos sus cargos: la portavocía municipal en Fuenlabrada, el escaño en el Congreso y sus responsabilidades orgánicas en el partido. Una renuncia fulminante que sirvió al PP para intentar cerrar el capítulo con rapidez, aunque no sin dejar cicatriz. El caso reabrió el debate sobre los dobles raseros en política y alimentó las críticas a un partido que predica regeneración pero convive con excesos del pasado.
Ese pasado, de hecho, ha vuelto a la primera línea con más fuerza de lo que en Génova esperaban. El llamado caso Montoro ha irrumpido como un auténtico huracán que amenaza con desestabilizar aún más la frágil calma popular. El exministro de Hacienda está bajo el foco judicial por presuntas maniobras a favor de despachos privados cuando ostentaba responsabilidades públicas. La investigación apunta a que Montoro podría haber utilizado su posición para modificar normas que beneficiaban a firmas con las que mantenía vínculos indirectos.
El caso, aún en fase de instrucción, ha salpicado a varios nombres del PP, no tanto por su implicación directa como por la proximidad política. Feijóo ha fichado en los últimos meses a perfiles técnicos y políticos que pasaron por el entorno de Montoro, algo que ahora se le reprocha desde dentro y fuera del partido. Óscar López, ministro de la Presidencia, no ha dudado en recordarlo públicamente: “Feijóo es parte del núcleo político del Gobierno de Rajoy. Presumía de fichar a gente de Montoro. ¿Dónde está ahora su regeneración?”
A este nuevo frente se suma la polémica que rodea a Isabel Díaz Ayuso por el uso de un chalet valorado en 4,3 millones de euros propiedad de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña pasó un fin de semana en esa residencia oficial, lo que ha sido interpretado por la oposición como un uso personal de bienes públicos. Aunque desde el entorno de Ayuso insisten en que todo fue conforme a la legalidad, el escándalo ha alimentado la narrativa de privilegios y desconexión con la realidad que tanto daño hizo al PP en el pasado.
La tormenta política no se detiene ahí. A nivel autonómico, el partido también afronta tensiones crecientes en regiones clave como Madrid y Andalucía. En ambas comunidades persiste el malestar ciudadano por los procesos de privatización en sectores esenciales como la sanidad y la educación. En Madrid, las plataformas en defensa de la sanidad pública siguen denunciando los efectos de la externalización de servicios, mientras que en Andalucía la comunidad educativa protesta por los recortes en la educación pública y la proliferación de conciertos educativos.
Estos frentes abiertos erosionan el discurso de gestión eficaz y austeridad que el PP intenta mantener, al tiempo que deslucen la imagen de renovación que se quiso proyectar en el Congreso Nacional. Lejos queda ya la escenificación de unidad y fortaleza. La “euforia” que acompañaba a Feijóo a principios de mes ha dado paso a un clima de contención, cuando no de evidente preocupación por la acumulación de escándalos.
El partido confiaba en un julio tranquilo que permitiera consolidar su alternativa de gobierno. Pero la sucesión de episodios —desde el currículum falseado de Noelia Núñez, pasando por la onda expansiva del caso Montoro, hasta el lujoso fin de semana de Ayuso— ha desmontado ese relato. Y lo ha hecho justo cuando las encuestas comenzaban a dibujar un escenario favorable.