La regularización extraordinaria de personas migrantes ha sido una de las medidas de las que más pecho ha sacado el Ejecutivo central pero, en sí misma, ha abierto un cisma entre la mayoría parlamentaria. El motivo no está en el volumen de la medida ni en la confrontación dialéctica que ha supuesto con la derecha y la extrema derecha, que se veía venir desde el inicio, sino en que la regularización no contempla a los apátridas y los excluye del procedimiento extraordinario, dejando fuera, en la práctica, a buena parte del colectivo saharaui que reside en España. Sumar y el BNG han sido las puntas de lanza de esta denuncia, con acusaciones directas al ala socialista del Ejecutivo por haber aceptado una solución que le hace el juego a Marruecos.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que ya está en vigor en el Boletín Oficial del Estado permite a las personas migrantes en situación irregular que ya vivían en España acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo. El Ejecutivo calcula que el proceso puede beneficiar a cientos de miles de personas, pero tiene una clara contraparte: la regularización no tiene en cuenta a las personas apátridas, una categoría jurídica en la que encajan muchos saharauis. El argumento oficial lo resumió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz: los apátridas no están en situación irregular y España dispone para ellos de un estatuto específico de protección, pero ha sido insuficiente para apaciguar las aguas a la izquierda del PSOE.
Las alarmas se han encendido especialmente en el espacio de Sumar, en el BNG y en el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. La diputada Tesh Sidi denunció de inmediato que la exclusión es una "política hecha a medida contra los saharauis" y llegó a vincularla con presiones de Rabat. El origen de sus comentarios que ese estatuto específico que invoca el Gobierno existe, sí, pero sus tiempos de resolución pueden alargarse durante años y, mientras tanto, deja a muchas personas en un limbo, sin permiso de trabajo estable y sin la cobertura que ahora sí recibirán los que quedan bajo el paraguas de la regularización.
"Es un infierno burocrático"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó en 2022 un cambio en la posición respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, apoyando el plan de autonomía de Marruecos y olvidando la deuda histórica de España con la que fue provincia hasta 1976. Este cambio de discurso fue percibido como una traición por los saharauis, que ha tenido un nuevo episodio quedando fuera de la regularización. Entrevistada por ElPlural.com, Sidi denuncia que la exclusión de los saharauis en la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno abre aún más una herida que España tiene pendiente cerrar desde hace décadas.
Saiz defiende que el caso de los apátridas se solventa con suficiencia con que estén "protegidas" por el estatuto de apátrida. Sidi, por su parte, denuncia que ese documento solamente sirve "para que no se les expulse del país", pero que no da ninguna garantía adicional, y que es un "infierno burocrático" para las personas que quieran hacer el trámite. Lo cuenta en primera persona porque, en sus palabras, lo viven familiares suyos. La activista y política progresista defiende que la solución inmediata para la situación de los saharauis es "darles los mismos derechos que a los solicitantes de asilo", que obtienen de forma inmediata la Tarjeta Verde y pueden trabajar desde poco después de llegar a España. Ello, mientras se resuelve la cuestión histórica del Sáhara: "La condición de apátrida no podemos deshacernos de ella hasta que no se resuelva el conflicto colonial", dice. En él, la diputada es muy crítica con la posición de España y el giro hacia Marruecos.
El delegado en España del Frente Polisario, Abdulah Arabi, reaccionó este jueves a la decisión del Gobierno afirmando que "no se trata de una decisión técnica ni casual, sino de una exclusión con una clara connotación política". Sidi coincide con él, y enmarca todo en el giro de la posición diplomática del Ejecutivo con el Sáhara: "Hay un interés obvio de no consolidar ninguna relación de España con el pasado colonial saharaui", lamenta. A su vez, achaca la decisión a la influencia marroquí: "En cada decisión de política exterior de España influye mucho Marruecos, no solo en esto. España ha dejado de ser un actor relevante en la cuestión del Sáhara. La relevancia de España como país mediador es nula. No la va a haber porque está de parte", señala.
"La deuda de España con el Sáhara la establecen las Naciones Unidas en el momento que sigue mencionando a España como potencia ocupante de iure. Nunca se va a poder deshacer de esa deuda porque precisamente es el actor que propició todo esto", denuncia Sidi, que también extiende sus críticas al PSOE por la ley de nacionalidad saharaui, una propuesta de Sumar que reconocería la nacionalidad a los saharauis que eran españoles antes de 1976, cuando el Sáhara era provincia, y a sus descendientes. Hace nueve meses que se admitió a trámite, y cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso, pero los socialistas la mantienen bloqueada en la Comisión de Justicia.
El BNG pide incluir a las personas saharauis en la regularización
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también se ha pronunciado sobre este asunto, y exige al Gobierno incluir las personas saharauis en el proceso de regulación extraordinaria.
El único diputado de la formación en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas de urgencia para exigir al Gobierno del Estado la modificación del Real Decreto 316/2026 para que añadan a la regularización a las personas apátridas en nuestro país, que en su mayoría son saharauis. Los nacionalistas gallegos consideran que la normativa aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros es positiva y mejorará la situación de muchas personas, pero que la exclusión de las personas apátridas deja fuera, precisamente, a uno de los colectivos más vulnerables social, económica y burocráticamente.
"No tiene sentido que el Gobierno alegue una supuesta situación de regularidad de las personas solicitantes de reconocimiento del estatuto de apátrida cuando, en la práctica, no pueden trabajar ni acceder a derechos básicos mientras no se resuelve su expediente. Es una medida injusta y discriminatoria", denuncia Rego, que recuerda también la deuda y el vínculo español con la otrora provincia.
"El Gobierno debe rectificar el Real Decreto 316/2026 para permitir el acceso al proceso de regularización extraordinaria de las personas apátridas, facilitando así la regularización de las personas saharauis residentes en el Estado español” exige el diputado nacionalista. "Es una cuestión de justicia y de cumplimiento de los Derechos Humanos", sentencia el gallego.