La carrera de Pablo Casado terminó en febrero de 2022 después de que el entonces líder del Partido Popular denunciara interna y públicamente la posible corrupción del entorno de su homóloga en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso.

El principal señalado fue su hermano Tomás. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España por la pandemia, se puede contratar a tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por la venta de mascarillas”. Esta frase, que forma parte de la historia de la política española y todavía resuena entre los muros de Génova,13; acusaba al mayor de los Ayuso de haber hecho negocio durante el Covid a través de comisiones.

Sin embargo, la información de la que presumiblemente disponía Casado iba mucho más allá y afectaba a los padres de la lideresa regional o a sus relaciones sentimentales, en las que entra su exmarido, Rafael Hernández Torre, que ha sido noticia esta semana después de que ElConstitucional.es sacara a la luz en exclusiva un pelotazo con la Comunidad de Madrid de 100.000 euros.

En lo que respecta al hermano, el líder del PP señalaba al hermano de la lideresa como comisionista en un contrato de 250.000 mascarillas adjudicado a un amigo suyo en el peor momento de aquel fatídico 2020, cuando más gente moría. Pero a este caso, de sobra conocido, le acompañan otros que cercan a la responsable autonómica y que también han ocupado medios de comunicación, en mayor o menor medida: el montante que dejaron a deber a Avalmadrid sus padres, o los nombres de Jairo Alonso, expareja de Ayuso; y el exmarido, más protagonista en los últimos días.

El padre

De los primeros, la documentación se centra en la figura paterna, Leonardo, quien habría pedido 400.000 euros para una empresa de venta de aparatos médicos que compartía con otros socios, MC Infortécnica.

Uno de los puntos que comprometen a Ayuso fue un correo que envió a la cúpula de Avalmadrid para interesarse por las implicaciones del crédito una vez concedido. En el mail, tal y como publicaba el diario El Mundo hace unos años, indicaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de su padre”, quien sufría demencia senil.

La Asamblea de Madrid dio la razón a la parte detractora tras abrir una comisión de investigación, que concluyó con que la compañía había recibido un trato preferencial e irregular. Pero el caso no fue a más porque no prosperó a nivel judicial, ya que la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia interpuesta por Más Madrid y después del Tribunal Supremo inadmitió una querella contra ella de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados argumentando que la política no había intervenido en el pufo.

El padre de Ayuso puso dos propiedades a nombre de sus hijos. Ella recibió un piso de Chamberí mediante una operación donde la madre mantiene el usufructo vitalicio. Es lo que se conoce como nuda propiedad, una herramienta legal que le otorga la titularidad, pero no el uso ni el disfrute del inmueble, evitando así embargo. Aquí, la ‘popular’ mantuvo el domicilio fiscal de Sismédica S.L primero y, tras el cierre de esta firma, el registro de Ayuso Lahoz S.L. El progenitor dejó a Tomás un terreno urbanizado de 700 metros en Sotillo de la Adrada, el pueblo natal de la familia.

Tomás Díaz Ayuso

La controversia de Tomás se centra en la compañía Priviet Sportive SL, cuyo dueño era un amigo de su infancia; o el empresario chino Chen Shengli, que en los indicios de la pandemia se jactó de traer material sanitario desde su país. En total, se contabilizaron hasta diez contratos menores -adjudicados a dedo, es decir sin concurso público-, por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un valor total de 70.500 euros desde la presidenta madrileña ejerce como tal.

El acuerdo más polémico está cifrado en 1,5 millones de euros y contempla 250.000 mascarillas, que se llevó a cabo por la vía de emergencia, una vía que se entiende por la situación, no así la manera en la que se hicieron las cosas, o que el hermano de Ayuso ejerciera de comisionista -habría cobrado 286.000 euros-, a la vez que apelara a personas de confianza.

Su exmarido y su expareja

El exmarido y una expareja de Ayuso también estaban en el ojo del huracán. De los dos salieron a la palestra tres empresas vinculadas a ellos para localizar posibles contratos relacionados con la administración de la Puerta del Sol.

De Jairo se supo, por ejemplo, que ejercía de jefe de operaciones de Asseco, una consultora que trabajaba para la Comunidad y que superó el medio millón de euros desde que la baronesa llegó al poder. Esta compañía estaba presidida por José Antonio Pinilla, un joven rostro que colecciona fotos con dirigentes del PP.

En cuanto a Torre Durban, ElConstitucional.es tuvo acceso esta semana a una documentación que acreditaba que Durbanity Eventos SL, con sede mercantil en Madrid, y de que el exmarido de Ayuso era administrador único, recibió una ayuda directa de 100.000 euros de la línea Covid gestionada por la Comunidad de Madrid en 2021.

¿Desde dentro del PP?

La información de la que disfrutaba por aquel entonces Casado podía venir de dentro de Génova, 13. Incluso aquí aparecían nombres propios como el de Ángel Carromero, cuyo nombre informaciones del diario El Mundo ligaron a una empresa de detectives contratada por la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid. Desde el PP nacional lo negaron todo.

Con todo, el beneficio de la duda siempre quedó ahí. Los hay que apuntaban a filtraciones de Moncloa, otros a chivatazos de un banco y otros a la formación conservadora. Sea como fuere, Casado tuvo acceso a finales de 2021 a una información que habría tumbado a cualquiera, pero acabó matándole políticamente a él.

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