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La investigación judicial sobre la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio entra en una fase decisiva. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha situado en el centro de sus primeras diligencias una cuestión esencial para reconstruir lo ocurrido: qué información manejaban las autoridades españolas antes de que se produjera el cruce masivo, quién recibió las alertas, por qué canales fueron transmitidas y qué medidas se adoptaron a partir de ellas.
Con ese objetivo, la instructora ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que comparece este 30 de septiembre, y al que fuera jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, cuya declaración está prevista para el 1 de octubre. Ese mismo día está llamado también el jefe de la Policía Local de Ceuta. Las comparecencias forman parte de las diligencias que la magistrada considera prioritarias para reconstruir la secuencia operativa de los acontecimientos.
El interrogante ya no se limita, por tanto, a determinar cómo se produjo la entrada masiva. La investigación empieza a adentrarse en la cadena previa de información y decisiones: qué se sabía antes, qué previsiones existían, cómo se prepararon los dispositivos y qué autoridades conocían las advertencias que pudieran haberse emitido.
Las alertas previas, bajo examen judicial
Una de las diligencias acordadas por Tardón consiste en reclamar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran sido elaborados en relación con la crisis. La instructora quiere conocer no solo si existieron esos documentos, sino también quiénes fueron sus destinatarios, mediante qué medio se comunicaron y en qué fecha y hora se produjo cada transmisión.
La medida adquiere especial relevancia porque permite pasar del terreno de las versiones enfrentadas al de la documentación y la trazabilidad de las comunicaciones. La investigación podrá así contrastar qué advertencias existían, cuándo fueron emitidas y cuál fue su recorrido institucional antes de los acontecimientos.
La declaración de Gonzalo Sanz cobra particular interés dentro de esa reconstrucción. Su comparecencia se produce después de su salida de la Delegación del Gobierno y en un contexto marcado por las discrepancias conocidas sobre las advertencias disponibles antes de la entrada masiva. Según informaciones publicadas durante la investigación, Sanz sostuvo que había trasladado a su superior información recibida previamente, mientras que la cuestión sobre qué información llegó efectivamente al delegado del Gobierno forma parte de las pesquisas.
El objetivo de la instrucción no consiste en dar por acreditada ninguna de esas versiones, sino en contrastar testimonios, comunicaciones y documentos para establecer una secuencia verificable de los hechos.
Vivas y Sanz, dos piezas para reconstruir la cadena de decisiones
La declaración de Vivas permitirá incorporar a la investigación la perspectiva de la Administración autonómica durante las horas y jornadas previas a la entrada masiva. La del exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno permitirá examinar, desde otro nivel institucional, la información que circuló dentro de la representación del Ejecutivo central.
Ambos comparecen en calidad de testigos, al igual que el jefe de la Policía Local, por lo que sus declaraciones deberán integrarse con el resto del material probatorio que está recabando la magistrada. Las tres comparecencias se producen en una investigación todavía en fase de instrucción.
La decisión de escuchar primero a estos responsables se enmarca en una batería de diligencias destinadas a reconstruir tanto la preparación como la respuesta ante la llegada masiva. La Fiscalía había planteado la necesidad de indagar, entre otros extremos, en la información disponible, las previsiones adoptadas y la actuación de los distintos dispositivos de vigilancia, contención y auxilio.
La actuación del delegado del Gobierno queda incorporada a la causa
La investigación sobre la eventual actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha quedado además conectada con el procedimiento principal de la Audiencia Nacional.
El juzgado de Ceuta que dirigía la causa sobre las denuncias contra Pérez Triano acordó inhibirse en favor de la investigación de Tardón al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos. La magistrada María de la Luz Lozano consideró que existía relación entre las diligencias relativas al delegado y las investigaciones sobre la organización, movilización y efectos de la entrada masiva.
La Fiscalía de Ceuta había defendido igualmente que ambos procedimientos debían examinarse conjuntamente. El planteamiento del Ministerio Público pasa por determinar si las decisiones u omisiones que pudieran haberse producido tuvieron alguna incidencia en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en los resultados lesivos investigados.
De ahí que el papel de Pérez Triano se examine en relación con cuestiones concretas: qué información tenían las autoridades españolas, qué previsiones se manejaban antes de la llegada, cómo se organizaron los dispositivos de vigilancia y auxilio y qué órdenes o decisiones fueron impartidas. La remisión de la causa no supone por sí misma una conclusión sobre la eventual responsabilidad del delegado, que deberá determinarse, en su caso, durante la instrucción.
Una investigación que busca reconstruir qué ocurrió antes del colapso
La Audiencia Nacional asumió la investigación después de que Tardón considerara que los hechos presentaban una dimensión que excedía de una actuación incidental o espontánea y que podía afectar a bienes jurídicos vinculados con la integridad territorial y la seguridad del Estado. La causa analiza, además, las circunstancias relacionadas con las personas que participaron en la entrada y los resultados lesivos producidos durante la crisis.
La instructora ha situado así dos planos de investigación que deben ser diferenciados pero conectados: por un lado, el origen, organización y movilización de quienes participaron en la entrada masiva; por otro, la respuesta desplegada en territorio español a partir de la información de la que disponían las autoridades. La Audiencia Nacional ha comenzado a recabar documentación y testimonios para reconstruir ambos itinerarios.
