El Senado es mucho más que un Parlamento de segunda lectura. Su composición determina los equilibrios de poder en una institución con capacidad para intervenir en la renovación de órganos constitucionales, autorizar medidas excepcionales sobre las Comunidades Autónomas y participar en una eventual reforma de la Constitución.
En un escenario fragmentado, conquistar la mayoría de la Cámara Alta constituye un objetivo estratégico para los grandes partidos. El PSOE y el Frente Amplio buscan disputar a las derechas el control de un órgano que les proporciona capital político e impulso parlamentario. En el otro extremo, el PP y Vox pretenden conservar o reforzar su posición dominante para intervenir decisivamente en asuntos de especial relevancia institucional.
Una de las principales fuentes de poder de la Cámara Alta reside en su participación en la elección de integrantes de organismos fundamentales del sistema institucional. El Senado elige cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de intervenir en la designación de miembros de otros órganos públicos.
Entre ellos figuran el Defensor del Pueblo, elegido conjuntamente con el Congreso; integrantes del Consejo de Administración de RTVE, y representantes en organismos vinculados a la protección de datos, la transparencia y la supervisión de la actividad militar.
El Tribunal Constitucional, pieza central
La renovación del Constitucional constituye otro de los principales puntos de conexión entre la aritmética parlamentaria y el funcionamiento del Estado. El tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido tiene atribuciones para resolver cuestiones de rango constitucional y competencial, entre otras materias, por lo que sus decisiones pueden afectar a leyes, derechos y relaciones entre administraciones.
La participación del Senado en la elección de cuatro magistrados le otorga una posición relevante en la renovación del tribunal de garantías. El actual Tribunal Constitucional cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco. Si PP y Vox alcanzan los tres quintos en el Senado, podrían elegir a los cuatro magistrados que corresponden a la Cámara Alta y revertir el equilibrio interno del tribunal en favor de una mayoría conservadora.
El artículo 155: el Senado como barrera constitucional
La aplicación del artículo 155 de la Carta Magna de 1978 puede plantearse cuando una autonomía no cumple las obligaciones que le imponen la propia Constitución o las leyes, o actúa de forma que atenta gravemente contra el interés general de España.
El procedimiento no puede iniciarse unilateralmente desde el Senado. Corresponde al Gobierno requerir previamente al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones. Si el requerimiento no es atendido, el Ejecutivo puede solicitar a la Cámara la autorización de las medidas que considere necesarias.
La aprobación exige mayoría absoluta del Senado. La Cámara debe pronunciarse sobre las medidas propuestas y su autorización constituye un requisito imprescindible para aplicar el mecanismo. Una vez obtenida, corresponde al Gobierno ejecutarlas dentro de los límites constitucionales y de las condiciones autorizadas.
En 2017, el Senado autorizó la aplicación del artículo 155 en Catalunya, lo que permitió al Gobierno de Mariano Rajoy intervenir la autonomía, cesar al Govern de Carles Puigdemont y convocar elecciones autonómicas.
La reforma constitucional: tres quintos y dos tercios
El Senado también participa en la modificación de la norma suprema del ordenamiento. Los artículos 166 a 169 de la Constitución establecen los procedimientos y las mayorías que deben reunir las reformas, de modo que la Cámara Alta puede convertirse en un factor decisivo para facilitar o impedir su aprobación.
El artículo 167 regula el procedimiento ordinario. Como regla general, la reforma requiere el apoyo de tres quintos de los miembros de ambas cámaras. Si existen discrepancias, puede constituirse una comisión mixta de diputados y senadores para buscar un texto de consenso. Si no se alcanza un acuerdo, la reforma todavía puede prosperar si el Senado la aprueba por mayoría absoluta y el Congreso la respalda por dos tercios.
El procedimiento agravado del artículo 168 establece exigencias superiores para la revisión total de la Constitución y para las modificaciones que afecten al título preliminar, a determinados derechos fundamentales y libertades públicas o al título relativo a la Corona. En estos casos, la iniciativa debe aprobarse por dos tercios de cada Cámara, lo que provoca la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas cámaras deben ratificar la decisión y aprobar el texto definitivo por la misma mayoría reforzada, antes de someterlo obligatoriamente a referéndum.
Más allá de sus competencias constitucionales, el Senado ofrece a los grupos parlamentarios una plataforma continuada para controlar y desgatar políticamente al Gobierno. Las preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias y comisiones de investigación permiten exigir explicaciones, cuestionar decisiones y mantener determinados asuntos en la agenda pública.
Cuando la Cámara está controlada por partidos de la oposición, estos instrumentos pueden intensificar la presión sobre el Ejecutivo y multiplicar los escenarios de confrontación parlamentaria. La mayoría influye en la organización de los trabajos y en la capacidad de los grupos para promover iniciativas, aunque no convierte toda decisión política en una obligación jurídica para el Gobierno.
La disputa por la Cámara Alta tiene consecuencias que superan la legislatura. La importancia del Senado reside precisamente en esa combinación de influencia política y límites jurídicos: no controla por sí solo todas las instituciones, pero puede condicionar decisiones que afectan al equilibrio territorial, la arquitectura constitucional y la supervisión del Gobierno. Con un Congreso de los Diputados fragmentado como el actual, la Cámara Alta puede dejar de ser un escenario secundario para convertirse en uno de los principales centros de poder institucional.
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