Los sindicatos mayoritarios han pedido al Gobierno que frene el ataque a los trabajadores perpetrado por el Gobierno de coalición del Partido Popular (PP) y Vox en Castilla y León. La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han solicitado por carta al Ejecutivo que aplique el artículo 155 de la Constitución, que se activó por última vez en la historia con motivo de la independencia de Cataluña, y se haga con el control de la Junta.

"La Junta se viene declarando en rebeldía porque no está cumpliendo con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la legislación", ha denunciado Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CCOO. De aplicarse el recurso contemplado en la Constitución Española, el Gobierno central podría asumir las competencias de mediación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), eliminado por la dupla formada por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo.

El representante sindical considera necesario "hacer cumplir a la Junta con sus obligaciones" y, debido a la negativa que ha demostrado desde hace varios meses, ve factible hacerlo "aplicando el artículo 155 de la Constitución". Fraile asegura que, en estos momentos, en territorio castellanoleonés "se cercena el derecho a las personas trabajadoras a que tengan una mediación”, lo que impiden que los afectados por un proceso laboral puedan “llegar a un acuerdo para evitar la vía judicial".

Desde el pasado 22 de enero, ha denunciado CCOO, el servicio de mediación solo emite "certificados" para que los trabajadores puedan acudir a la vía judicial, algo que ya ha afectado a unas 600 personas. “No hay dinero, ya no se puede citar", ha denunciado Fraile, haciendo hincapié en que los trabajadores del SERLA todavía no han cobrado la nómina correspondiente al primer mes del año. Empresas implicadas en la limpieza y en la provisión han iniciado requerimientos contra la Junta por impago de sus servicios.

La Junta okupa un local y no paga a ningún trabajador

Además, el servicio público ha dejado de pagar el alquiler del local de titularidad privada que acoge al SERLA. Así, la Junta de Castilla y León está funcionado como un ‘okupa’ contra los que ha creado una oficina a la que no llegan denuncias. "Llevamos las organizaciones sindicales solicitando a la administración que ponga un local público para el Serla que no cueste dinero años, lo venimos reclamando porque no tiene sentido que habiendo locales públicos estemos pagando un local", traslada el representante de CCOO.

Los impagos de la Junta se cuentan por decenas de miles de euros. CCOO ha revelado que, en estos momentos, el Gobierno de PP y Vox sigue sin aprobar la partida de 400.000 euros comprometida para 2024, misma cantidad que en 2023 y que el sindicato considera evidente que es “insuficiente”.  Los trabajadores del SERLA no han cobrado su nómina de enero, pero el caso más gravado es el del director, que lleva sin cobrar desde junio.  

La lista de impagos es interminable, dado que tampoco cobran los mediadores; la propietaria de la sede que ha reclamado el impago del alquiler; la compañía de la luz, que amenazó con cortar el suministro eléctrico por impago; y, la empresa de limpieza, que ha emitido un requerimiento judicial porque se deben los dos últimos meses.

Exclusividad del servicio

La situación se agrava atendiendo a la exclusividad legal que tiene el Serla para ejercer el servicio de mediación en Castilla y León. Ningún otro organismo puede asumir las funciones y el derecho de los trabajadores no se está facilitando.  Las competencias en esta materia están entregadas a las comunidades autónomas y estas deben posibilitar su desarrollo, de lo contrario estarían incumpliendo sus funciones. "Si Castilla y León tiene las transferencias, tiene que garantizar la mediación laboral”, recuerda CCCOO.

"Es un servicio público que tiene que garantizar la Junta y que en nuestra comunidad solo puede realizar el Serla, porque así lo ha querido la Junta y porque el servicio jurídico de la Consejería de Empleo quiso participar para que no hubiera ninguna duda en el acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales y el Serla conociera en exclusividad de los conflictos laborales en la comunidad", denuncia Fraile.

¿Qué es el SERLA?

El SERLA, como se define en su propia página web oficial, es un “órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación, mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las controversias laborales, colectivas o plurales, buscando una solución a las mismas de forma ágil, sencilla y eficaz”. Su principal función es intermediar en los conflictos que involucren a empresas y trabajadores que desarrollen sus actividades laborales en Castilla y León, evitando los trámites judiciales.

La eliminación del servicio pone en riesgo el ejercicio del derecho a huelga, motivación que podría estar detrás de la decisión del Gobierno de PP y Vox. Esta situación, relatada por los sindicatos, se debe a la exigencia de los artículos 19.9 y 20.2 del III Acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León (ASACL-III), que contemplan la obligatoriedad de agotar los procesos de conciliación y mediación ante el SERLA antes de la comunicación oficial de una huelga.

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