La Iglesia católica y el Gobierno han logrado desbloquear uno de los principales puntos de fricción que mantenían abiertos desde hace años, no siendo otro que el de la reparación de daños a las víctimas de abusos sexuales en el seno eclesiástico. Según ha dado a conocer el periódico El País, ambas instituciones han alcanzado un acuerdo para firmar un protocolo que permita articular ese proceso, tras dos meses de conversaciones con el Defensor del Pueblo.
Este hecho supone un paso de gran relevancia dentro de un proceso más amplio que lleva años gestándose en España, marcado por tensiones políticas, resistencia inicial de la jerarquía eclesiástica y la presión creciente de las víctimas, fruto de las investigaciones periodísticas realizadas por el mencionado medio de comunicación. Si bien, lo que hay es un principio de pacto en el que todavía queda trabajo por delante, ya que las partes deberán abordar ahora uno de los aspectos más sensibles, como es la cuantificación de las indemnizaciones económicas que recibirán los afectados.
Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo deben establecer, ahora, un marco común que regule la reparación de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia, con especial atención a aquellos casos que no han podido dirimirse en los tribunales. Se trata, en su mayoría, de situaciones en las que los delitos han prescrito o los agresores han fallecido, lo que ha impedido hasta ahora una respuesta judicial efectiva. De esta manera, la fórmula que estaría sobre la mesa, según apunta El País, mantiene la idea central que ya se había puesto sobre la mesa en acuerdos previos, llevando al Estado, a través de los mecanismos articulados junto al Defensor del Pueblo, a ser el encargado de estudiar los casos y determinar quién tiene la condición de víctima, mientras que la Iglesia asumirá el pago de las compensaciones.
El acuerdo se alcanza superando un período de fricciones. Tal y como ha venido documentando El País en los últimos años, la relación entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal ha estado marcada por un pulso constante en torno a cómo debía abordarse la reparación. Durante mucho tiempo, la Iglesia rechazó frontalmente la propuesta de un sistema supervisado por el Estado, al considerar que suponía una suerte de “juicio” generalizado contra la institución.
Sin embargo, la presión institucional y social, así como el impacto de las investigaciones sobre abusos, han terminado por propiciar un cambio de postura. La publicación del informe del Defensor del Pueblo en 2023 supuso un punto de inflexión, al poner cifras y testimonios a una problemática durante décadas silenciada. En paralelo, el Gobierno ya había planteado anteriormente la necesidad de articular un plan de reparación integral que incluyera no solo compensaciones económicas, sino también medidas simbólicas, terapéuticas y de reconocimiento público a las víctimas. Ese planteamiento es el que, en gran medida, se mantiene ahora como base del protocolo que se firmará esta semana.
Uno de los elementos clave del futuro sistema será la creación o consolidación de una estructura administrativa que permita canalizar las solicitudes de las víctimas. Esta unidad, bajo la tutela del Defensor del Pueblo, actuaría como ventanilla única para recibir los casos, analizarlos y proponer las medidas de reparación correspondientes.
Pese al avance que supone el acuerdo, quedan cuestiones relevantes por resolver. La principal es la relativa a las cuantías económicas. Hasta el momento, no se han fijado criterios concretos sobre el importe de las indemnizaciones. La experiencia de iniciativas previas en otros países europeos no aporta un marco concreto, ya que se han llevado a cabo compensaciones muy dispares que han ido de los 6.000 euros a los 300.000. A principios de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), firmaron un acuerdo con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en el que aceptaban que el Defensor del Pueblo fuera el organismo que revisase cada caso y marcara la cantidad de dinero con la que se debía de compensar a cada víctima. En aquel momento se decidió que, aunque la Iglesia tendrá derecho a recurrir el montante que se marque, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.
Asimismo, el proceso sigue siendo observado con cautela por las asociaciones de víctimas, que reclaman garantías de independencia, transparencia y participación. En ocasiones anteriores, estas organizaciones han mostrado su desconfianza hacia los mecanismos diseñados exclusivamente por la Iglesia, al considerar que no ofrecían suficientes garantías.
Con todo, el acuerdo para la firma del protocolo representa un paso significativo hacia el reconocimiento institucional del daño causado y la articulación de una respuesta coordinada. La clave estará ahora en su desarrollo efectivo y en la capacidad de las partes para concretar medidas que respondan a las expectativas de las víctimas y a las recomendaciones de los organismos públicos.
