Más de cuatro décadas después del final de la dictadura, un informe encargado por el Gobierno concluye que la violencia política vinculada al franquismo no desapareció con la aprobación de la Constitución de 1978 ni con la llegada formal de la democracia. Tras más de dos años de trabajo, la comisión creada para estudiar las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre la entrada en vigor de la Carta Magna y diciembre de 1983 ha identificado a 63 personas asesinadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por grupos de extrema derecha durante la Transición.
El estudio, elaborado en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022, busca reparar la falta de reconocimiento institucional sufrida por estas víctimas, muchas de cuyas muertes nunca fueron investigadas de forma adecuada o quedaron impunes. Tal y como señala el informe, de los 63 casos reconocidos, alrededor de una treintena corresponden a actuaciones policiales y de la Guardia Civil, mientras que 33 fueron perpetrados por organizaciones ultraderechistas.
Los expertos que integran la comisión sostienen que la aprobación de la Constitución no fue suficiente para erradicar prácticas heredadas de la dictadura. El informe describe la Transición como un “espacio gris” en el que persistieron abusos policiales, actuaciones ilegales y excesos cometidos durante manifestaciones, huelgas, controles o detenciones. Según sus conclusiones, la falta de depuración de los cuerpos de seguridad permitió que continuaran comportamientos propios del denominado “gatillo fácil” incluso en los primeros años de la democracia.
La comisión ha centrado su análisis en aquellas muertes relacionadas con prácticas consideradas antidemocráticas y orientadas a preservar estructuras o dinámicas procedentes del franquismo. También incluye los asesinatos cometidos por grupos de extrema derecha que intentaron frenar el avance democrático mediante el uso de la violencia y el terror, en ocasiones bajo una presunta tolerancia de las autoridades.
El año más sangriento fue 1980, con 28 asesinatos, veinte de ellos atribuidos a organizaciones ultraderechistas. Le siguió 1979, con 22 víctimas mortales, de las que catorce murieron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El informe también contabiliza nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de víctimas reconocidas, nueve son mujeres.
Entre los asesinados por la extrema derecha figuran nombres como Yolanda González o Andrés García Fernández, joven militante comunista apuñalado en Madrid en 1979. También aparecen víctimas de atentados perpetrados por organizaciones como los Grupos Armados Españoles, el Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, Falange o el Comando Antimarxista.
En cuanto a las actuaciones policiales, el informe recoge casos emblemáticos como los de la ecologista Gladys del Estal, el trabajador Vicente Vadillo o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años fallecido por el impacto de una bala de goma durante una protesta vecinal en Parla. También incluye el conocido caso Almería, en el que tres jóvenes fueron torturados y asesinados tras ser confundidos con miembros de ETA.
La comisión ha decidido excluir del análisis a las víctimas de los GAL y a los miembros de organizaciones terroristas. El documento argumenta que su objeto de estudio son las personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la consolidación democrática, por lo que quedan fuera quienes participaron en actividades destinadas a subvertir el orden constitucional.
Junto al reconocimiento de estas víctimas, los expertos recomiendan que reciban una reparación institucional similar a la otorgada a las víctimas del franquismo, que sean incorporadas a los actos oficiales de memoria democrática y que se cree un canal permanente para que familiares y asociaciones puedan aportar nuevos casos. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insiste en que se trata de un informe histórico, jurídico y político, no de carácter penal, cuyo principal objetivo es reconocer y reparar unas violaciones de derechos humanos que, según sus conclusiones, se prolongaron más allá de la muerte de Franco.
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