Este viernes ha habido un Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha procedido a la aprobación final de la prórroga del estado de alarma refrendada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Pero esta no ha sido la única medida que se ha debatido, ya que esta crisis, anómala y cambiante, sigue obligando al Ejecutivo a adoptar decisiones a contrarreloj mientras trata de coordinar una estrategia común con el resto de comunidades autónomas e instituciones europeas.

“Es tiempo de respuesta ágil y coordinada. Vivimos una situación de extraordinaria gravedad que requiere soluciones nuevas. En el día de ayer, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE avanzaron en medidas para encontrar la cuna de la vacuna, pero las medidas necesarias para paliar los efectos económicos no lograron cerrarse con adecuación, por lo que seguimos demandando una respuesta clara, contundente y eficaz, con financiación a medio y largo plazo”, ha explicado María Jesús Montero, señalando que Europa está ante una encrucijada: colaborar y apoyar o dar la espalda a los ciudadanos.

Así las cosas, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje público a la Unión Europea. Especialmente a aquellos países que han optado por recetar las mismas fórmulas que con la crisis económica: crédito y recortes.

Descontentos con el análisis económico de la Unión Europea, a la que siguen demandando que escuche a los países más afectados, el Ejecutivo trata de reducir el impacto para los trabajadores en medida de lo posible. Por ello, una de las ministras que ha comparecido ha sido Yolanda Díaz, plenipotenciaria de la cartera de Trabajo, que ha anunciado las medidas aprobadas este viernes: “El Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás. Acabamos de aprobar un bloque de medidas muy ambiciosas: en nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis, por lo que se imposibilitan los despidos; no hay que extinguir los contratos temporales, se interrumpen con esta crisis pero continuarán posteriormente; se simplifican los ERTEs con un formulario muy sencillo reduciendo la burocracia. Asimismo, el Gobierno anuncia que estudiará cada ERTE, y si el empresario ha incurrido en fraude, deberá pagar todo el dinero aportado por el Estado, incluido el paro de sus trabajadores”.

Habitual en este tipo de citas, como miembro del comité técnico de gestión del estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en el esfuerzo que está realizando el Gobierno para fabricar y comprar el material sanitario que se demanda desde hospitales y centros de salud: “Les dije que habíamos cerrado contratos por valor de 509 millones, pero ya hemos alcanzado una cifra de 578 millones de euros. Sigue siendo un contexto muy complicado, pero seguiremos trabajando con intensidad. Paralelamente, estamos ampliando la producción nacional de equipos de protección, test y aparatos de respiración asistida”, ha explicado, añadiendo que ahora mismo “ya se están repartiendo siete millones de mascarillas en todo el territorio”.

Para finalizar, Illa ha incidido en la necesidad de seguir cumpliendo las normas con “rigidez y responsabilidad”, ahora que, según ciertos parámetros, “aunque sea pronto”, “se pueda estar alcanzando la estabilización de los contagios”.