Importante avance en el proceso de reconocimiento y reparación de daños a las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, concretamente en aquellos casos sobre los que ya no es posible abrir una vía judicial. Aunque, por el momento, no se han fijado las horquilas que marquen las cantidades de dinero que podrían recibir los afectados, este lunes el ministro Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Confederación Episcopal Española; Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado el protocolo con el que se creará este sistema que entrará en funcionamiento el próximo día 15 de abril.

Esta nueva vía de reparación de daños fue acordada el pasado 8 de enero, quedando pendiente la firma de este protocolo que pasará a ponerse en marcha. Este nuevo modelo no excluirá a las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024, conocido como PRIVA, ya que podrán acudir al nuevo mecanismo mixto, eligiendo una opción u otra.

Atendiendo a la cantidades económicas que se otorgarán a las víctimas de abuso, el ministro de Justicia ha señalado que, por el momento, no se han establecido las horquillas pues se pretende realizar, según apunta, un estudio personalizado y en profundidad de cada caso.  "La gravedad, reiteración, edad... Se fijan criterios para llegar a una reparación justa, que no debe estar fijada por una cifra", indicaba.

En este contexto, el procedimiento previsto en el protocolo establece un itinerario claro con plazos definidos para tratar de dar una respuesta ágil a las víctimas. Una vez analizado el caso y escuchadas todas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación, que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, en un plazo máximo de tres meses. Este primer dictamen será trasladado posteriormente a la comisión asesora de la Iglesia contemplada en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que dispondrá de hasta dos meses para evaluarlo.

Si existe conformidad tanto por parte de la Iglesia como de la víctima, la propuesta adquirirá carácter definitivo y será remitida a la Comisión Asesora PRIVA para su ejecución. Sin embargo, en caso de discrepancias, se activará un segundo nivel de resolución: la denominada Comisión Mixta. En este órgano estarán representadas todas las instituciones firmantes del protocolo, así como asociaciones de víctimas, y contará con un plazo máximo de un mes para intentar alcanzar un acuerdo por consenso.

En última instancia, si dicho consenso no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo, reforzando así el papel del Estado como garante del proceso. Durante la firma del acuerdo, el ministro Félix Bolaños ha subrayado la importancia de este paso, asegurando que “hoy culmina un día donde las víctimas se pueden sentir reconocidas” y defendiendo que el nuevo modelo “combina todos los elementos” para ofrecer una respuesta respetuosa y alineada con sus reivindicaciones.