El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, al considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras normas de carácter estatal.
En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El Gobierno de la Junta de Andalucía aprovechó este estado de alarma causado por la crisis del coronavirus para dar luz verde, con los votos favorables de PP, Cs y Vox, a una ley que desatendía las demandas de los colectivos profesionales, los sindicatos de trabajadores, las facultades de comunicación y las oenegés que pedían abiertamente la paralización del decreto para no romper el consenso alcanzado en la Ley Audiovisual de 2018 y dejar “tocado de muerte” al sector audiovisual.
Estos colectivos sostienen que con este Decreto, “lejos de proteger el espacio radioeléctrico, se permite a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso permite emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas”. Una norma que “garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales”, sostienen, en clara referencia a las emisoras sin título habilitante de la cadena COPE que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se comprometió a cerrar en diciembre de 2019.
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Hasta “400 millones de euros” perdonados
Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto, convalidado el 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente en plena crisis del coronavirus Covid-19. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones profesionales.
También se ha mostrado especialmente crítico José Antonio Abellán, ex director de Deportes de COPE despedido tras 17 años en la cadena después de grandes fichajes como el de Paco González. El otrora periodista de COPE se expresó en los siguientes términos tras conocer la decisión: “La Conferencia Episcopal ha convencido a Elías Bendodo, capo del PP andaluz, para que en medio de la crisis que vivimos perdone a COPE 400 millones de euros y le regale cientos de emisoras”.
La @Confepiscopal "ha convencido" a @eliasbendodo capo del @ppandaluz que en medio de la crisis que vivimos perdone a la @COPE 400 M de euros y le regale cientos de emisoras.Supongo que a cambio de un buen paquete de dinero negro de la caja de @UnicajaBanco de @ArjonaAdolfo
— jose antonio abellan (@jaabellan) April 2, 2020
No solo eso: "Barra libre" para construir en los campos de golf
Pero el decreto no solo servía para condonar la deuda a COPE. El Gobierno de Andalucía con el apoyo de Vox ha aprovechado la ocasión para derogar la regulación de los campos de golf de interés turístico para permitir que allí se construya.
La oposición ha denunciado que esto supondrá una especie de "barra libre para los especuladores y los fondos a costa de nuestra salud y el medio ambiente" al eliminar trámites para "allanar el camino a la inversión inmobiliaria en torno a los campos de golf, limitando las declaraciones de impacto ambiental a determinadas actividades y flexibilizando requisitos para que las industrias hagan uso del agua", entre otras líneas "perjudiciales" para el medio ambiente.
"No cumplen los mínimos parámetros legales para la aprobación de este decreto por la vía urgente. ¿Es urgente abrir nuevos campos de golf ahora? Han metido de tapadillo modificaciones de leyes aprobadas por unanimidad y lo han hecho sin informe jurídico que lo sustente", denunció el portavoz socialista y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
