El Gobierno deniega su propia prórroga de alquileres a inquilinos de pisos del Estado vendidos al arquitecto de la Gürtel

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo el Real Decreto 8/2026, que permite la prórroga de alquileres durante dos años. Sabedores de la falta de apoyo en el Congreso de los Diputados (PP, Vox y Junts están en contra), los propios ministros han instado a recurrir al mecanismo antes de que decaiga la ley, defendiendo que sus efectos no podrán borrarse a posteriori. Los inquilinos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han hecho lo propio y el mismo Ejecutivo impulsor de la medida les ha denegado la aplicación.

Los pisos en los que residen 28 familias, de titularidad pública, han sido vendidos mediante subastas a empresas especuladoras, entre ellas la controlada por el arquitecto de la Gürtel, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, como expuso este periódico meses atrás. El condenado por cobrar en negro la reforma de la sede del Partido Popular de la calle Génova habría adquirido, a través de UNEN Servicios para la Arquitectura, 13 inmuebles de la Tesorería. En su interior, las familias resisten abobando alquileres de entre 900 y 1.200 euros que el Gobierno se niega ahora prorrogar, alegando que los contratos están extintos.

“El contrato de arrendamiento que usted mantiene actualmente con la TGSS no está sujeto a la Ley 29/1994, dado que el contrato sometido a dicha norma se extinguió el 4 de enero de 2017. En consecuencia, el contrato vigente se rige por el Código Civil. Al no resultar aplicable la Ley 29/1994, tampoco lo es el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 8/2026”, recoge la respuesta, a la que ha tenido acceso ElPlural, trasladada por la subdirectora general de Gestión del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Seguridad Social de Elma Saiz, a uno de los inquilinos.

Los vecinos de estos inmuebles, agrupados en torno al Sindicato de Inquilinas y muchos de ellos afectados por demandas de desahucio, no salen de su asombro. Una medida impulsada por el propio Gobierno, cuyos miembros han instado a aprovechar cuanto antes, y que resulta que no es de aplicación para las viviendas que dependen de los mismos responsables. “Es una gran incongruencia por parte del Gobierno, que presiona a Junts para que no tumbe el Decreto y luego su propio Ministerio no lo aplica a sus inquilinos”, lamenta uno de los inquilinos afectados a este medio.

“Esperamos que haya un cambio de posición porque es demasiado ilógico lo que están haciendo con las viviendas que les estamos alquilando”, ahonda en su denuncia. “No existe ningún impedimento legal para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años, mientras se inicia una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas”, secundan desde el Sindicato de Inquilinas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, no ha respondido a las preguntas planteadas por ElPlural en el momento de publicación de esta noticia.

Además, el Sindicato de Inquilinas apunta a que este movimiento “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización” y reforzar “las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta de numerosas viviendas vacías”, situadas en el centro de Madrid, en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico. Algunos beneficiados, más allá del arquitecto de la Gürtel, son las inmobiliarias Encinas Quinzano e IV Encinas Quinzano, que se han hecho con al menos siete inmuebles; así como Crimael S.L., propiedad de Daniel Rodríguez Santos, dueño de Ocasión Plus SL e investigado previamente por presunta estafa.

Hogares con 20 años de historia

El problema con estas viviendas se remonta a hace más de 20 años (2005), cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible. Años después (2012), Mariano Rajoy decidió disolver esta entidad alegando pérdidas, pese a que las cuantías siquiera se acercaban al 1% de los miles de millones destinados a salvar a los bancos. Los contratos se han ido renovando año a año en estas décadas y, aunque muchos vecinos se han ido por la presión y las subidas, 28 han resistido.

Los vecinos han intentado reunirse en múltiples ocasiones con los actuales ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Vivienda, pero ningún responsable les ha atendido para explicar la venta de sus casas y sus desahucios, ni siquiera cuando han realizado acciones de protesta en la sede de la Tesorería o en los actos de subasta. Una actitud, afea el Sindicato de Inquilinas, que choca directamente con las palabras de Isabel Rodríguez sobre “la necesidad de ampliar el parque de vivienda”. “Estas ventas suponen una clara disminución de recursos habitacionales”, expone la organización.

“Resulta incoherente que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, una entidad similar a la creada por Zapatero, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares”, ahondan. Asimismo, destacan que esta actuación “contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”.

La decisión del Gobierno de no prorrogar estos alquileres y seguir deshaciéndose de inmuebles públicos, que acaban en manos especuladoras; mientras se sostiene que el derecho a la vivienda es un pilar del Estado y se asegura que se va a ampliar el parque público, sin descartar la omnipresente colaboración público-privada, resulta contradictorio. O quizá reveladora. Sea como fuere, los inquilinos de las viviendas de la Tesorería “no van a abandonar sus viviendas” y darán la batalla a un casero más. En este caso, al mismo que ha impulsado la prórroga de alquileres.