Bustinduy convierte en firme la sanción de 3,6 millones a Alquiler Seguro por sus continuas ilegalidades

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado este miércoles la sanción de 3,6 millones de euros interpuesta a Alquiler Seguro por sus prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha resuelto negativamente el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria y convierte en firme el castigo interpuesto a la inmobiliaria por “vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado”. La compañía ha incurrido en hasta seis infracciones muy graves que han motivado la multa millonaria.

El expediente contra la inmobiliaria, que se enfrenta simultáneamente a una huelga de alquileres en los 30.000 inmuebles que gestiona, fue abierto hace un año y el pasado mes de diciembre se conocía la sanción propuesta por la Secretaría General de Consumo y Juego. La decisión fue recurrida por Alquiler Seguro, pero sus quejas han quedado desestimadas al considerarse probados incumplimientos severos de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que llevan siendo denunciados por sindicatos, organizaciones de consumidores e inquilinos desde hace muchos años.

El Ministerio de Consumo detalla hasta cuatro imposiciones contrarias a la legalidad que Alquiler Seguro cargaba a sus alquilados: la obligatoriedad de contratar un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; la exigencia de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora; la carga al arrendatario de gastos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario; y el cobro por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.

Además, completando las seis infracciones muy graves que soportan los inquilinos de sus inmuebles, también se certifican la introducción de una cláusula en el contrato que autoriza a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles; y la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.

Una larga lista de prácticas ilegales que vulneran expresamente la prohibición de trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. En conjunto, el departamento comandado por Bustinduy concluye que estas cláusulas o prácticas constituyen infracciones graves y muy graves y desgrana las partidas de las multas. Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de 1 millón de euros y otra de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros.

Más allá del pago de la multa, la empresa deberá también rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídica responsable y la índole y naturaleza de la infracción. Más allá de este expediente, queda abierto otro por hechos similares cuya investigación sigue en marcha, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de FACUA Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Huelga de alquileres

Los problemas para la inmobiliaria no se limitan exclusivamente al pago de la multa millonaria. El movimiento de la vivienda ha decidido escalar su lucha contra la empresa, a la que ya ha llevado a los tribunales, y plantea una huelga de alquileres que afecte a los 30.000 inmuebles gestionados por la sociedad anónima. El Sindicato de Inquilinas ha decidido dar este paso ante el mantenimiento de “los honorarios ilegales, la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, la falta de mantenimiento” y otros abusos, “como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”.

En paralelo, el sindicato mantiene una demanda judicial contra la empresa por el cobro encubierto de honorarios y la gestión irregular de depósitos. El juicio, sin embargo, no comenzará hasta febrero de 2028, lo que evidencia, según denuncian, la incapacidad de la justicia para responder a la emergencia habitacional actual, “La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa”, defienden la campaña para iniciar una huelga masiva, que deberán aprobar las distintas asambleas.

Esta actuación podría dañar seriamente a Alquiler Seguro, debido a su modelo de negocio, basado en garantizar la renta a los caseros en caso de impagos. “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los diferentes Sindicatos de Inquilinas, que consideran probable que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumple sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas. “Es un modelo que se sostiene sobre el abuso y la desinformación y que colapsa cuando las inquilinas se organizan”, defienden.