El Gobierno de Ayuso se reúne este martes con Ribera Salud para abordar la situación del Hospital de Torrejón

La Comunidad de Madrid mantendrá este martes un encuentro con los principales responsables de Ribera Salud, entidad que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, después de que se publicaran unos audios en los que el CEO de esta empresa instaba a engordar las listas de espera y atender con preferencia a ciertos pacientes para primar el beneficio económico. Una situación que ha generado un terremoto mediático, político y social y que incluso ha llevado al Gobierno a responder con el anuncio de una investigación y con la propuesta de derogar la ley de 1997 que permite la incursión privada en los centros sanitarios públicos. 

Por una parte, El País publicó el audio de Pablo Gallart pidiendo a sus responsables determinadas acciones para priorizar el beneficio empresarial sobre la atención sanitaria. El ya exresponsable del Hospital de Torrejón daba indicaciones para rechazar pacientes o descartar procedimientos que no resultaran rentables, en unas palabras que tanto la empresa como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han asegurado que están "sacadas de contexto" y que se trataban, simplemente, de "rencillas y discusiones entre empresarios". 

Por otra, también se ha hecho público que 260 trabajadores firmaron en mayo un manifiesto en el que, además de achacar a los directivos en ese momento una mala gestión del personal y un mal ambiente laboral, mostraban su preocupación por las dimisiones, bajas y ceses de profesionales desencantados con un modelo precario, a los que reemplazan constantemente y a toda velocidad a través de una web privada especializada en contratos sanitarios, denominada Livo. "Esto supone que llega gente sin experiencia, que no sabe manejar el sistema y estamos constantemente formando y adaptándonos a personal nuevo", publicaba elDiario.es en sus páginas tras entrevistar a uno de los empleados.

Los trabajadores han denunciado, también este año, "prácticas poco idóneas" para los pacientes y un servicio especialmente precario en diferentes áreas, además de la existencia de varias velocidades a la hora de atender a los pacientes en función de los intereses económicos del hospital. Nuevamente según el citado medio, los trabajadores relatan que se prioriza en consultas externas o en operaciones quirúrgicas a pacientes que pertenecen a otros hospitales y que provienen de la "libre elección" que impuso Esperanza Aguirre en 2010, ya que el beneficio del centro es mayor al 'tragar' pacientes de otros centros: por cada paciente captado de otra área sanitaria, el hospital cobra un plus. "Hay una diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial”, lamentaba el manifiesto de los empleados.

Reunión aplazada

La Consejería de Sanidad ya informó el pasado jueves de la convocatoria de esta reunión. No obstante, tras la desvinculación de Gallart de la gestión de Torrejón, el encuentro se canceló y se solicitó un nuevo encuentro con el máximo responsable del grupo sanitario privado. Finalmente, la reunión se celebrará este martes y está previsto que asista Emmanuel de Geuser, presidente de Ribera Salud. La dirección del hospital continúa encabezada por Santiago Orio, director gerente desde el pasado mes de octubre, acompañado por la directora de operaciones del grupo, Sonia Hernández, como apoyo corporativo desde Ribera Salud.

Esta cita forma parte de las actuaciones urgentes iniciadas por el Ejecutivo autonómico tras la difusión de los infames audios citados. Entre otras medidas, la Consejería de Sanidad ha enviado al centro un equipo multidisciplinar para conocer la situación ‘in situ’ y realizar una inspección preliminar, con dos equipos recopilando información actualmente. Paralelamente, técnicos de la Dirección General de Inspección acudieron este viernes al hospital para continuar con el análisis del caso y recabar datos entre los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

"Rencillas internas"

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid puso en marcha, la pasada semana, la citada inspección abierta en el centro, y desde sus filas se señala que todo funciona correctamente: "Por los datos que constan en la Consejería nunca hubo sospecha de malas prácticas". La Sanidad de Ayuso había enviado un equipo multidisciplinar al centro para realizar unas pesquisas, y estos han determinado que "nunca se ha recibido queja" y que "los datos de listas de espera son inmejorables, muy por debajo de la espera en la Comunidad de Madrid".

Además, desde la Consejería de Sanidad restan importancia a la información publicada en prensa y a la gravedad de las declaraciones de Pablo Gallart, e indican que la explicación de lo sucedido es debido a “rencillas internas”. “Rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid”, detallan al respecto.

Tras días de escándalo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, argumentó  que actuará "con contundencia" y que "cualquier mala práctica será erradicada". "Cualquier persona que se beneficie económicamente de la Sanidad de la Comunidad de Madrid se enfrentará a la ley", aseveró Ayuso, a pesar de que su propia pareja, Alberto González Amador, se encuentra encausado judicialmente precisamente por eso.