El Consejo de Ministros se ha reunido de nuevo este martes para mantener, después de varias semanas, su primer encuentro no marcado enteramente por la DANA y su necesidad de respuesta, aunque la catástrofe ha marcado su inicio, con el anuncio de la creación del comisionado especial para la reconstrucción y la reparación. La batuta estará en manos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, máxima mandataria presente en el país, con el presidente del Gobierno  en la reunión del G20. El principal acuerdo aprobado ha sido la reforma del Reglamento de Extranjería.

La patrocinadora de la modificación es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha asegurado que "estamos ante la reforma más ambiciosa e integral desde su entrada en vigor, hace 13 años". "Ha pasado por trámites exhaustivos y complejos, por lo que estoy segura de que es una norma rigurosa y determinante para transformar nuestro país a mejor", ha añadido. La prioridad de la norma es agilizar procesos como la reagrupación familiar y posibilitará "regularizar 300.000 personas al año en los próximos tres años”.

Tres palancas

Asimismo, se acortan los plazos y rebajan los requisitos de asilo y regularización. El texto ve la luz con una reducción, de tres a dos años, del tiempo requerido a un migrante para obtener un permiso de residencia y trabajo. También se conceden renovaciones más extendidas en el tiempo; se facilita la inclusión en el mercado laboral; se activan otras vías para la regularización para aquellos a los que se les ha negado el asilo; y se aprueba el arraigo de segunda oportunidad para aquellos que ya fueron residentes en su momento, pero no pudieron renovar su permiso.

A más del alivio de la burocracia y el fomento de la contratación en origen que ya anunció el jefe de Ejecutivo en su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, el Reglamento de Extranjería contempla otras modificaciones. En el ámbito educativo, la reforma introduce la modificación en el arraigo por formación, permitiendo a los estudiantes trabajar 30 horas semanales, o la agilización a la hora de homologar las titulaciones académicas, uno de los principales escollos para la contratación de extranjeros cualificados.

Formación, empleo y familia

“El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: formación, empleo y familia”, ha celebrado la responsable de la cartera de inclusión. “Tres llaves”, ha continuado, “que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos”. “Una sociedad próspera debe saber captar y formar el talento, de todas nacionalidades, porque no entiende ni de sexo, ni de estatus, ni, por supuesto, de país de origen”, ha concluido Saiz.

Datos que apoyan la reforma

La ministra se ha apoyado en el informe encargado al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), realizado por Ramón Mahía y Eva Medina y titulado ‘Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España’. Este trabajo académico es certero y apunta que la discriminación laboral y educativa que sufren los inmigrantes tiene un coste anual de 17.166 millones de euros, cifra que se traduce en un 1,31% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Los datos relativos a 2022 señalan que casi 250.000 extranjeros no son contratados por el mero hecho de serlo, lo que supone un coste de 5.100 millones; a los que sí consiguen un trabajo se les exige más cualificación para el puesto que a la población autóctona y dejan de cobrar en conjunto 2.800 millones, cuantía que percibirían si sus salarios fuesen los acordes a su preparación; y casi la totalidad de los 3,9 millones de trabajadores migrantes cobran menos por hacer el mismo trabajo que un español.

En el ámbito educativo, el informe constata que los extranjeros tienen más complicado el acceso, la progresión en sus estudios y, finalmente, a la hora de dar el salto a la vida profesional. Una situación que suma un coste de 4.800 millones euros y completa los más de 17.000 millones. Los extranjeros cuentan con una tasa de escolarización inferior, 17 puntos por debajo de los autóctonos que se traducen en 3.398 millones de euros (0,25% PIB), y una mayor probabilidad de abandono como consecuencia de la discriminación, que cuesta 102 millones.

Memoria frente a las críticas

“Con esta reforma se reducen los plazos, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se da mayor garantía y negocio jurídico”, resumían desde el departamento de Migraciones en julio, momento en el que se dio a conocer el borrador. Formar talentos, fomentar su empleabilidad y retenerlos son los objetivos defendidos por Saiz, que defiende a su vez los beneficios para el tejido productivo y empresarial del país. No obstante, todo ello no libra a la modificación de críticas que, en muchas ocasiones, parten del racismo y la xenofobia.

Uno de sus núcleos irradiadores es la Comunidad de Madrid, comandad por Isabel Díaz Ayuso, desde donde directamente se cambia la denominación de los centros de acogida por otras mucho más violentas, como “macrocampamentos”. “Yo creo que es importante en estos momentos recordar que fuimos un país emigrante y esa solidaridad y esos derechos humanos en el centro es lo que informa e inspira la política migratoria del gobierno de España para lo que desde luego apelamos a la responsabilidad, a la solidaridad del conjunto de comunidades autónomas”, respondía Saiz este lunes.

“Apelamos a algo tan básico como la solidaridad de todos los territorios, que, además, son principios inspiradores de ese pacto europeo que, concretamente, la formación de la señora Ayuso sí que votó a favor en Europa”, añadía la máxima responsable de Migraciones. Independientemente de estos ataques, la reforma saldrá adelante este martes.

Simultáneamente, desde el Gobierno siguen presionado precisamente en Europa para que la Comisión Europea consiga, de una vez por todas, eche a andar el Pacto de Migración y Asilo que se construyó durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE). Medio año en el mejor de los casos, año y medio si se cumplen los plazos contemplados es lo que puede tardar en llegar esta figura. Mientras, los Estados deberán seguir legislando y asumiendo políticas que aborden las crisis migratorias.