Según ha dado a conocer este miércoles la Comisión Interministerial de Inmigración, el Gobierno de España junto con el Ejecutivo de Canarias han acordado dar de alta “de manera inminente” en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores migrantes solicitantes de asilo.
El acuerdo se produce a raíz de las medidas cautelares del Tribunal Supremo con el fin de dar respuesta a la situación de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de protección internacional y tras la reunión mantenida este miércoles entre los servicios jurídicos de ambos gobiernos, incluyendo a los Ministerios de Política Territorial, Migraciones, Interior, Infancia y Abogacía del Estado.
Tras dar a conocer el pacto, fuentes de ambos gobiernos -central y autonómico- han adelantado que se estudiará “cada expediente de forma individualizada” para la protección de cada menor y determinar el recurso de acogida. De este modo, detallan que un Comité Interadministrativo de colaboración se reunirá “todas las semanas” y actuará durante la evaluación individualizada de manera temporal.
Al hilo de todo lo anterior, tras la firma del acuerdo prevista para esta semana, se elevará conjuntamente al Alto Tribunal para dar cuenta de las acciones realizadas, en coordinación y colaboración entre ambas administraciones con el objeto último de adoptar las medidas necesarias para “dar solución a la situación, atender cada caso desde la individualidad y proteger los derechos fundamentales y el interés superior del menor”.
Por su parte, el Ejecutivo central ha valorado “muy positivamente” el acuerdo alcanzado, “después de meses de trabajo conjunto” con el Gobierno canario. Asimismo, añaden que el Real Decreto-Ley que se convalidó en el Congreso el 18 de marzo "es la solución definitiva" porque "da respuesta a la acogida de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad", tanto "a los que han solicitado protección internacional" como a los que no la han solicitado.
Castilla-La Mancha se opone al reparto
Al margen de este acuerdo alcanzado entre ambos Ejecutivos, el pasado 10 de junio el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que el reparto de menores migrantes supondría la llegada de más de 500 niños menores a la región.
En este sentido, el ejecutivo regional se escuda en la falta de financiación para poder ofrecer unos servicios mínimos adecuados para estos niños, en la falta de acuerdo con las Comunidades Autónomas y en que no hay consenso entre las distintas sectoriales de infancia.
“Recurrimos porque no podemos asumirlo sin financiación, ya que no tenemos recursos para hacerlo y asumirlo sería atenderlos mal” fue el principal argumento defendido por la consejera portavoz, Esther Padilla, mientras anunciaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha interpone el recurso. Lo cierto es que la financiación autonómica es un tema muy importante para el Gobierno de Page que ha pedido en repetidas ocasiones que se modifique. La última de ellas, en la Conferencia de presidentes del pasado 6 de junio, donde tras ser incluido en el orden del día en los últimos momentos, finalmente no se llegó a un acuerdo para su renovación.
Por otra parte, esa falta de financiación hay que sumarla a que el reparto de menores inmigrantes no ha sido consensuado con las Comunidades Autónomas, lo que ya ha hecho que los gobiernos regionales del PP lo rechacen y por último, sea el de Castilla-La Mancha el que se opone a la llegada de los más de 500 niños que les correspondía.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha insisten en que se trata de un problema de financiación, pero no de solidaridad: “La solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas, pero acoger no es solo abrir la puerta, es acoger con dignidad, y la situación que plantea el decreto impide a las Comunidades Autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad que ya lo estamos haciendo”, apuntaba Padilla.