El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha confirmado este martes en el Senado que la Justicia mantiene abiertas 91 causas por fallecimientos en residencias de mayores durante la pandemia. De estos procedimientos, 27 corresponden a la Comunidad de Madrid, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, lo que representa aproximadamente un tercio del total.

Durante su comparecencia, García Ortiz detalló que de esas 27 causas abiertas en Madrid, ocho están pendientes de resolución tras los recursos interpuestos contra su sobreseimiento provisional. Estas investigaciones judiciales buscan esclarecer si existieron responsabilidades en la gestión de las residencias durante los meses más críticos de la crisis sanitaria.

“Desde mi llegada a la Fiscalía, conocer y analizar las consecuencias de la pandemia y, en especial, los fallecimientos habidos en las residencias, fueron una prioridad para mí. La Fiscalía no podía ser ajena a ese dolor de las víctimas”, ha declarado el fiscal general, subrayando el compromiso de su departamento en el esclarecimiento de los hechos. Además, García Ortiz aprovechó su intervención para insistir en la necesidad de replantear el modelo actual de residencias en España. “La prevención, la asistencia y la protección son de gran importancia para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas”, ha destacado.

Las muertes en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid fueron objeto de una fuerte polémica desde el inicio de la pandemia. La gestión del Gobierno de Ayuso, marcada por la aplicación de protocolos que restringieron el traslado de ancianos a hospitales, ha sido cuestionada por diversas asociaciones de familiares y organizaciones defensoras de los derechos de los mayores. A día de hoy, las investigaciones continúan su curso, y los tribunales determinarán si existieron responsabilidades en la gestión que pudieron agravar la tragedia que vivió este sector de la población durante la emergencia sanitaria.

“Las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia”

Por otro lado, García Ortiz también ha aborado en su comparecencia cuestiones relativas a la desinformación y su impacto en la democracia. En lo que ha sido su primera intervención en las Cortes Generales tras su imputación en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, el fiscal general ha alertado sobre los peligros de la tergiversación de la información.

“Las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia”, ha afirmado García Ortiz, en el marco de la Comisión de Justicia del Senado, donde presentó la Memoria anual de la Fiscalía de 2023. En este sentido, ha asegurado que las nuevas formas de comunicación y la proliferación de fuentes de información han incrementado exponencialmente los riesgos para la sociedad, si no se cuenta con mecanismos de control adecuados.

El fiscal general se apoyó en datos del Eurobarómetro, que indica que el 81% de los ciudadanos de la Unión Europea considera que la desinformación representa un serio problema para las democracias. “Estos peligros pueden poner en riesgo nuestras democracias, tal y como ha reconocido el Parlamento Europeo”, ha señalado.