Los caucus de la derecha aterrizan en Aragón. Las elecciones del próximo 8-F terminarán por confirmar que la estrategia de concatenar elecciones autonómicas para desprenderse de Vox y desgastar al Gobierno ha sido desacertada. Se prevé un resultado semejante al recogido en Extremadura: victoria popular sin grandes augurios, derrota socialista sin paliativos y duplicación de una ultraderecha como única capitalizadora del malestar y el “futuro terror”. Sin duda, el accidente ferroviario de Adamuz, el anuncio de la regularización masiva de inmigrantes y la corriente nacional e internacional favorecen a los de Santiago Abascal.
La desmovilización y la abstención de los socialistas, la baja participación del electorado y la escasa pulsión política que acontece la campaña electoral son otras de las similitudes que compartirán extremeñas y aragonesas y, muy probablemente, castellanoleonesas y andaluzas. La tendencia electoral y partidista es evidente. Las autonomías giran hacia la derecha, pero no acaba de ser una buena noticia para el PP.
El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, verá frustrada su capacidad de gobernar en solitario: el PP de Aragón descarta el margen de suma con los partidos minoritarios y se echa en brazos de Vox. Azcón ya ha asumido que tendrá que entenderse con la ultraderecha, quien pondrá el peaje de investidura, y quién sabe si de legislatura, como le ocurrió a Pérez-Llorca en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, se prevé que las negociaciones entre las derechas aragonesas se reflejen más en el tira y afloja de las derechas extremeñas. Más de un mes después, María Guardiola no ha conseguido ser investida como presidenta de la Junta de Extremadura.
Ahora mismo la batalla se da por los restos, que decantan el último escaño en cada provincia. Por ello, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han desplazado a territorio maño durante este fin de semana. El presidente del Gobierno participó en un mitin en Teruel, junto con el secretario general del PSOE de Teruel, Rafael Guia, y la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. El latido del mitin fue muy producido, estético, con tono elocuente y triunfalismo impostado.
Al comienzo del acto con la ciudadanía, Belén Navarro, concejala popular de Sanidad de Vallanca, municipio de Valencia, insultó gravemente al presidente del Gobierno, a quien llamó “hijo de puta”. Pese a que los derechos de autor de esa calificación pertenecen a la deshumanizadora Isabel Díaz Ayuso, la concejala valenciana recorrió 141 kilómetros para caricaturizar el liderazgo de Sánchez. A renglón seguido, Sánchez alegó “falta de argumentos” ante quienes recurren al insulto y el agravio. “Bochornoso, soez, inaceptable, los insultos no tienen cabida en una democracia”, aseguran desde Moncloa. No obstante, los insultos no han estado ausentes en esta campaña. En un acto en Utebo, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, se refirió a Alegría como “mujer objeto a la orden de Sánchez”, entre otros descalificativos propios de los ultras.
Durante el acto electoral, Alegría anunció que se compromete a que la Consejería de Política Territorial y Reto Demográfico se instale en Teruel y la de Agricultura, en Huesca.
Feijóo replica el bulo de la ultraderecha
La puja entre PP y Vox está moviendo las piezas del tablero. Los primeros se ven absorbidos por los segundos, y los segundos obligan a endurecer la posición de los primeros. Por ello, Azcón y Feijóo han redoblado su ofensiva contra el Ejecutivo central y, en paralelo, contra sus propios cazadores (Vox). Durante una comida de concejales y alcaldes en Calatayud, Feijóo manoseó la regularización de inmigrantes anunciada por Podemos y negociada con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y empleó una mentira como acicate del voto por cabreo. "No es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo que necesitan, es intentar comprar votantes en el futuro", verbalizó enfurecido el popular.
Feijóo aseguró que este decreto ley impulsado por el Consejo de Ministros “no es un reparto de papeles, sino un reparto de papeletas”. El líder del PP se lanzó a la teoría conspirativa de la alteración del censo electoral. Ayuso, Abascal y otros tripulantes de la ola reaccionaria española son los mentores intelectuales de esta falacia. Sin embargo, el acuerdo no otorga la nacionalidad española a estas personas, un requisito indispensable para poder votar en los comicios generales. Esta iniciativa permite que 500.000 extranjeros que ya residen en nuestro país obtengan a medio plazo permiso de trabajo y residencia, pero no la nacionalidad.
Pese a repetir esta falsedad, y a consciencia de que lo es, Feijóo tuvo la valentía de afirmar que los socialistas “mienten todo el rato, y demás, mienten con demasiada Alegría”, ironizó sonriente Feijóo. “Sánchez y Alegría no tienen vergüenza”, espetó Azcón durante su comparecencia sin temblarle el pulso.
En la clausura de la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, Ayuso ha negado que el Gobierno central quiera regularizar a más de medio millón de personas sin papeles en España por “humanidad” (como le respondió Sánchez al magnate Elon Musk en su cuenta de X), sino por simple “manipulación” del censo. También ha vuelto a hablar sobre la inmigración esta mañana, en entrevista con Ana Rosa Quintana: “El Gobierno necesita ciudadanos pobres [en referencia a los inmigrantes] para vivir de la pancarta y la subvención”.
Para que los extranjeros residentes en España puedan adquirir la nacionalidad es necesario haber vivido legalmente en España durante diez años, salvo algunas excepciones: cinco años para los refugiados y dos años para quienes procedan de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. El período de residencia se reduce a un año en algunos supuestos, como haber nacido en territorio español o llevar un año casado con un español o española.