Alberto Núñez Feijóo intenta contener la presión interna en el PP para dar una respuesta inmediata a la ofensiva judicial que rodea al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. En Génova no quieren precipitarse con una moción de censura sin apoyos garantizados y defienden que la ansiedad no está en la sede del PP, sino en Moncloa y Ferraz ante un mes de junio cargado de citas judiciales.
La dirección popular asegura que Feijóo quiere marcar sus propios tiempos, también frente a las exigencias de Vox, que reclama activar ya una moción de censura aunque no haya una mayoría alternativa. “El foco está en Moncloa y en Ferraz, no está en Génova”, repiten fuentes del partido, convencidas de que el calendario judicial puede deteriorar aún más la posición del Gobierno.
En el PP enumeran una sucesión de causas que, a su juicio, sitúan al PSOE en una situación de máxima vulnerabilidad, con el llamado caso Leire Díez, el juicio al hermano de Pedro Sánchez por su puesto en la Diputación de Badajoz, la audiencia preliminar a Begoña Gómez prevista para el 15 de junio y la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra los días 17 y 18. También apuntan a la posible sentencia del caso de las mascarillas tras el juicio al exministro José Luis Ábalos.
Con ese escenario, Génova sostiene que no debe dejarse arrastrar por la prisa. Su tesis es que Sánchez debe afrontar el desgaste de sus propios frentes judiciales y que la oposición debe insistir en que unas elecciones generales serían la “única salida limpia, democrática y rápida”. En paralelo, el PP no descarta ningún instrumento constitucional, incluida la moción de censura, pero evita concretar si la presentará o cuándo.
Maximizar la presión a nacionalistas
La estrategia de Feijóo pasa ahora por desplazar parte del coste político hacia los socios parlamentarios del Gobierno. En Génova hablan de “colectivizar el desgaste” y señalan directamente a PNV y Junts, a quienes buscan presentar como corresponsables de sostener a Sánchez en plena acumulación de investigaciones y polémicas.
El PP quiere forzar a ambas formaciones a retratarse. Les reprocha que su única línea roja parezca ser la financiación irregular y les exige explicar por qué no consideran igual de graves otros delitos mencionados en resoluciones judiciales, como la “organización criminal”. El objetivo es incómodo para los socios del Ejecutivo: mantener la presión sin que Feijóo tenga que asumir todavía el riesgo de una moción fallida.
“No vale la tibieza. Hay que mojarse”, trasladan desde el cuartel general popular. La idea es que el desgaste no afecte solo al PSOE, sino también a quienes permiten que Sánchez siga en La Moncloa. En ese cálculo, el PP cree que el impacto judicial puede acabar pasando factura electoral a los aliados parlamentarios del Gobierno.
El partido admite que PNV y Junts ya han cerrado la puerta a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo, que además necesitaría los votos de Vox. Pero Génova no quiere dar por cerrado el debate. Prefiere mantener la incertidumbre y alimentar la idea de que todas las opciones siguen sobre la mesa.
¿Movilización en las calles?
Feijóo tampoco quiere regalar a Moncloa una hoja de ruta clara. En su entorno insisten en que el PSOE no debe saber cuál será el siguiente movimiento del PP. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, lo verbalizó esta semana al asegurar que tanto la izquierda como el Gobierno están deseando conocer los planes de los populares, pero que ese “regalo” no se lo van a entregar.
La formación no descarta tampoco una respuesta en la calle, después de haber convocado ya movilizaciones contra lo que denomina la “mafia” del sanchismo. Todo forma parte de una estrategia de presión sostenida que busca mantener al Gobierno a la defensiva sin asumir todavía el coste de una iniciativa parlamentaria sin recorrido claro.
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