Algo muy preocupante sucede en un país cuando todo un sujeto que ostenta un cargo institucional por elección democrática escribe y publica un artículo en el que insta a “los poderes del Estado” -a los que no llega a identificar- a que “no deben permitir” la investidura presidencial del candidato propuesto por Felipe VI, esto es el líder socialista Pedro Sánchez, si es necesario con su procesamiento “por traición” y por representar “un problema para la seguridad nacional”, que evitar con ello que “ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado” o que negocie “una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos”, para “romper el orden constitucional”.

Así se expresaba en las páginas del diario El Mundo el ahora portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll. Más allá del despropósito mayúsculo de estas deposiciones verbales del político de la extrema derecha extrema, que por sí mismas definen tanto a su autor como a su partido, resulta todavía más alarmante el hecho de que el tal sujeto sea ahora ya un simple general retirado, pero que, durante cuatro años, de 2008 a 2012, fue el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

En un Estado democrático de derecho como sin duda alguna es España, todos los ciudadanos tenemos pleno derecho a la libertad de expresión. Fulgencio Coll tiene también este derecho. Su libertad de expresión debe ser amparada, defendida y protegida. Con los mismos límites que amparan, defienden y protegen esta y cualquier otra libertad a cualquier otro ciudadano. No obstante, cuando estos límites se traspasan, el Estado social y democrático de derecho debe actuar de inmediato y con el máximo rigor, precisamente en su misma defensa. Todo el respeto para quienes respetan la legalidad, pero también toda la intolerancia contra los intolerantes.

¿Qué hubiera ocurrido si lo que el tal Fulgencio Coll ha publicado ahora en El Mundo hubiese dicho o escrito opiniones semejantes el mismo sujeto cuando era aún un general en activo, y en concreto jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME)? A buen seguro que se hubiese producido su cese fulgurante, con el consiguiente paso definitivo a la reserva. No es este el caso, por fortuna. Conviene recordar, sin embargo, la larga tradición involutiva que jalona la historia de España con toda clase de tropelías propuestas, y ejecutadas con mayor o peor suerte, por una larga lista de autoproclamados salvadores de la patria, responsables directos de tantos desastres colectivos.

Los sectores más derechistas de la sociedad española han sacado a pasear el espantajo del golpe de Estado y el golpismo, atribuyéndoselo a los dirigentes políticos y sociales más importantes del movimiento separatista catalán. La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los mencionados líderes secesionistas no solo no ha dado pábulo alguno a aquella consideración, sino que ha negado incluso que los delitos que les son atribuibles puedan ser calificados siquiera como rebelión.

Aquellos que tanto se equivocaron en sus calificaciones penales, tal vez ahora deberían opinar sobre la consideración jurídica que les merecen los exabruptos vertidos por Fulgencio Coll en su desgraciado artículo. ¿Es esto golpismo o no? ¿Son invitaciones e incitaciones al golpismo? ¿Es rebelión? ¿Es sedición? ¿O es que la extrema derecha extrema puede decir y hacer lo que le apetezca?