La cruda situación en la que se encuentra encajado el Gobierno de coalición, con la relación con los socios del PSOE en máximos históricos de tensión y sin la mayoría parlamentaria necesaria para sacar votaciones adelante tras la ruptura de Junts, hace que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesite, a toda costa, espaldarazos legislativos con los que relanzar la moral de los militantes y votantes del puño y la rosa. Hacer que el ciudadano recupere la confianza tras los diferentes escándalos aflorados en el seno del partido es fundamental para los socialistas, y por ello, el año ha arrancado con un amplio volumen de medidas desde Moncloa. En el punto de mira, los alquileres, los bulos y la situación de la agricultura, entre otras cuestiones.
En primer lugar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana la aprobación, en los próximos días, de un Real Decreto-ley para intervenir en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", en beneficio de los 3 millones de hogares que viven bajo este régimen en España. Una medida que busca poner coto a la especulación, con puntos clave para evitar las subidas en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones.
Con el objetivo de aumentar la estabilidad de los precios del alquiler y de los contratos, el Real Decreto-ley incluye incentivos fiscales como una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. Por otro lado, el Decreto pretende regular el fraude en los alquileres de temporada, fijando condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y estableciendo un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. En cuanto a los alquileres por habitaciones, la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.
En cuanto a la vivienda pública, el presidente del Gobierno señaló que se seguirán desarrollando lotes de la misma a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Derecho al honor y de rectificación
En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana dos documentos, un Anteproyecto y una nueva ley: de protección civil del derecho al honor y del derecho a rectificación, respectivamente.
En cuanto a la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el texto viene a sustituir al vigente, de 1982 y sin las actualizaciones necesarias para el entorno digital, que sí contempla el nuevo. Este nuevo texto considerará ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con inteligencia artificial o tecnologías similares. Compartir imágenes personales en una red social no supondrá que terceros puedan compartirlas en otras redes o canales de difusión.
A su vez, la revelación de detalles de un delito por parte de su autor que pueda causar un nuevo daño a la víctima se considerará intromisión ilegítima en sus derechos. Los menores de 16 años no podrán dar consentimiento para el uso de la propia imagen, en línea con lo previsto en la Ley de protección de menores en entornos digitales, y en el caso de los mayores de 16 años se considerará una intromisión ilegítima, aunque haya prestado el consentimiento, cuando se menoscabe su dignidad o reputación. Por otra parte, se podrá prohibir, mediante testamento, la utilización futura de la propia imagen o voz para fines comerciales o similares una vez fallecida la persona.
En cuanto al derecho de rectificación, entendido como el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información falsa o inexacta que le afecte personalmente, el Proyecto de Ley Orgánica sustituirá la ley vigente de 1984. Entre sus principales novedades, los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
En el caso de las redes sociales, aplica a lo que la ley denomina usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores, los denominados influencers. Quedarán bajo este paraguas aquellas personas que acumulen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias. Para ello, los medios digitales y los influencers deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación, cuyo plazo será de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales, y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.
Podrán efectuar este proceso los mayores de 16 años, y en el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente para ello.
Paquete de medidas en agricultura
En cuanto a la agricultura, en las conversaciones mediáticas y sociales más recientes tras las medidas puestas en marcha desde Bruselas, el presidente del Gobierno se ha centrado en la necesidad del relevo generacional en el sector. Para ello, ha trasladado a un grupo de jóvenes agricultores y ganaderos el "apoyo decidido" del Ejecutivo y ha anunciado un paquete de medidas.
En primer lugar, la puesta en marcha de Tierra Joven, una plataforma de información y Movilización de tierras agrarias. En segundo lugar, la movilización de tierras agrarias propiedad del Estado: unas 17.000 fincas rústicas que serán puestas a disposición de los jóvenes a través de esta nueva plataforma. En tercer lugar, el Gobierno propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario, frente al 6% planteado por la Comisión y que tanta cola ha traído en el debate público.
Plan de Recuperación
Por último, Sánchez anunció, desde el Spain Investors Day, la creación del Fondo soberano España Crece, que tendrá como objetivo extender el impulso del Plan de Recuperación más allá de 2026, prolongando la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrialización en el país.
Este nuevo fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales. El fondo contará con co-inversión del sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando sectores como la vivienda, energía, digitalización, inteligencia artifical, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.
"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional", argumentaba Pedro Sánchez, que destacaba también la celebración de la primera reunión del Comité de Inversiones Estratégicas, otra nueva herramienta para atraer capacidades productivas hacia los sectores mencionados.
