La negociación sobre como deberá negociarse la salida política al conflicto catalán sigue viva, muy pendiente de la eventual modificación de las circunstancias judiciales y penitenciarias de los condenados por el Procés y, en el caso de ERC, también de conocer el estado de ánimo que vaya a expresarse en el inminente congreso del partido y de las probables maniobras de Carles Puigdemont para embarrancar el diálogo. Las prisas o un paso en falso en la discreta relación establecida entre PSOE, PSC y ERC pueden perjudicar seriamente la investidura de Pedro Sánchez. La prudencia de los republicanos se equilibra con la paciencia de los socialistas y por eso todo sigue adelante.

Loa adversarios de esta negociación para garantizar la investidura a partir de la definición de una futura negociación sobre el conflicto catalán son diversos. JxCat muestra tantas dudas sobre la viabilidad y conveniencia de las mismas como interés para no quedar descolgados de un eventual éxito de las mismas; mientras, amagan con retomar la investidura de Puigdemont para truncar los planes de ERC, que va a necesitar cierto tiempo para capitalizar los supuestos beneficios del pacto, al menos en materias autonómicas.

El sector radical no está para matices. La diputada de la CUP, Mireia Vehí, cree que la negociación no tiene recorrido, porque la gobernabilidad del estado no resolverá el conflicto, en su opinión es todo lo contrario, mientras “no se resuelva el conflicto no puede haber gobernabilidad”. Para asegurar la inestabilidad se presentó la CUP y obtuvo dos diputados. Los portavoces de los CDR son todavía más explícitos: la negociación es simplemente un “fraude y un insulto al pueblo catalán” y así se lo han pintado en la sede de ERC.

De todas maneras, ERC parece en esta ocasión más preocupada por la influencia de las circunstancias externas a la mesa de negociación. En su tercera sesión, según el comunicado conjunto, habría avanzado en la definición de los instrumentos (o sea, la configuración de una mesa institucional complementaria a la de los partidos) y en la exigencia de expresar respeto y reconocimiento mutuo para empezar bien las cosas. El qué se vaya a negociar (incluidas cuestiones sociales) no parece ser el problema de momento; más bien la dificultad radicaría en el cuándo sería conveniente hacer público un acuerdo, de no impedirlo finalmente la actualidad judicial y política.

Antes de inclinarse por la abstención, ERC quiere saber en qué situación queda Oriol Junqueras tras la decisión del TJUE sobre su inmunidad (y de rebote también cómo afecta a Puigdemont una resolución favorable), qué decide el tribunal de Bruselas sobre la eurorden contra Puigdemont, qué calificación penitenciaria obtendrán los presos del Procés (ERC ha empezado a enfriar las expectativas de un optimista tercer grado que les permitiría una salida inminente), también si Quim Torra será o no inhabilitado por su desobediencia con las pancartas del palacio de la Generalitat y especialmente quiere esperar a la celebración de su congreso, justo antes de Navidad, para evitarse reacciones contrarias a un acuerdo precipitado. Pedro Sánchez sabe que no sería inteligente apretar a los dirigentes republicanos, muy pendientes por otra parte de los mensajes de Junqueras y Marta Rovira.

La ceremonia de seducción y cortejo político que están representando a la perfección todos los interesados responde exactamente a la complejidad de la situación, muy complicada por todos estos factores que, en su mayoría, se escapan a la decisión de los sentados en la mesa y demasiado condicionada por tantos meses de declaraciones incendiarias de una y otra parte. El temor a verse señalados como actores de un acto de renuncia inadmisible es compartido por republicanos y socialistas. Sus respectivos adversarios califican estos contactos previos como un peligro, bien sea para la lucha independentista contra el estado opresor o para el combate del constitucionalismo contra quienes quieren destruir España.