Con frecuencia, es difícil cuantificar las aflicciones y los sentimientos, sobre todo si son como las que ayer flotaban en una sala de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla en Madrid. Sin embargo, en este caso sí hay cifras: las de los 300.000 ejecutados por el franquismo, los 110.000 desaparecidos, las 2.200 fosas comunes repartidas por España o los 30.960 niños robados para intentar sustraerles “el gen marxista”, pecado capital que sus padres les habían transmitido solo por haber luchado a favor de la libertad y la democracia. Cantidades que se recogen en El exterminio de la memoria (Catarata) el libro de Fernando I. Lizundia que aboga por la creación de una Comisión de la Verdad para España que acabe con la condena al silencio que el franquismo y la Transición impusieron a las víctimas de la dictadura.

Realizado por encargo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y prologado por su directora, María Garzón, la obra agrega con un estilo periodístico muy asumible varias entrevistas con víctimas del franquismo y con expertos y asociaciones vinculados a la Memoria Histórica.

“Todos somos víctimas”
Durante la presentación, la propia Garzón destacó que este libro nos demuestra que la franquista “no fue una dictadura blanda, como nos decían”, sino que provocó una represión que, de una u otra manera, afectó “a 3,5 millones de personas” y que puede equiparase de sobra con otras como la nazi, algo que se aprecia en el duro capítulo dedicado a los campos de concentración. La directora de FIBGAR señaló la importancia de que se cree una Comisión de la Verdad en España porque a día de hoy “las víctimas no tienen una vía legal a la que acudir”, ni siquiera después de una Transición “no real” que consistió en “meter todo el pasado bajo la alfombra”. “Hay que dar una solución a nuestras víctimas y a nuestra sociedad, porque todos somos víctimas”, concluyó.



El Levante feliz
Uno de los protagonistas del libro es Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, que recordó su labor en lo que muchos llaman “el Levante feliz”, porque creen que allí no pasa nada. “Allí manda Rita Barberá, que es radicalmente contraria a todo lo que sea la Memoria Histórica”, explicó, en una afirmación que hoy ya ha caducado. Y narró la historia de Pepica Celda, hija de José Celda, el hombre cuya fotografía ilustra la portada. “Disfrutó la última subvención de las que concedió Zapatero. La última que pudo sacar los restos de sus padres sin pagar un euro. La última que pudo abrazar cuatro huesos que quedaban entre los 15 cadáveres que sacamos en Paterna”, narró.

La pena de olvido
El diputado socialista y primer alcalde democrático de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, subrayó la doble condición de víctima de aquellos que fueron “ejecutados en tapias y cunetas” y luego fueron condenados “a la pena de olvido”, porque entre otras cosas, “la Transición no quiso que se hablara de ello”. De la Rocha reconoció que tras la dictadura, lo que se buscaba era una reconciliación tras casi dos siglos de guerras entre españoles, pero eso se consiguió “sobre el olvido de las víctimas de uno de los bandos”.

Portada de 'El exterminio de la memoria' (Catarata) de Fernando I. Lizundia.



2.200 fosas
El diputado del PSOE recordó que el mapa de fosas que empezó a elaborar el Gobierno de Zapatero encontró 2.200 fosas, “si hay 8.000 municipios en España y muchos son pequeñas pedanías, eso supone que en la gran mayoría de poblaciones hay alguna fosa común”, y recordó que “solo el 10% de las fosas han sido abiertas”. Estas razones llevan a De la Rocha a apoyar la creación de una Comisión de la Verdad, pero también “porque se ha cometido una traición de la Justicia, excepto con algunos casos como el de Garzón, que le han costado la carrera y unas sentencias del Supremo que eran un aviso a quien se atreviera a investigar”.

Enseñar el pasado
Por su parte, Jaime Ruiz, presidente de la Plataforma por una Comisión de la Verdad, recordó que “más de 40 países han recurrido a la Comisión de la Verdad como una herramienta para saber y también para reconciliarse”. Y no se trata solo de países salidos de una dictadura, “una de las últimas se ha celebrado en Canadá para resolver una situación similar a la de los niños robados, pero con tribus indígenas”. Ruiz recordó que los relatores de Naciones Unidas “han pedido al Reino de España hasta en tres ocasiones que resuelvan esta situación” y defendió la creación de la Comisión, no solo como una oportunidad de mirar al pasado, sino de preparar el futuro, “porque si no se enseña, puede repetirse”.