El discurso antimigración ya no es solo una proclama de la ultraderecha. La propuesta de Vox de expulsar a millones de personas por “no adaptarse a nuestras costumbres” ha puesto el foco sobre una realidad más sutil: la normalización del rechazo, la sospecha y la “cultura del miedo” como herramientas políticas. Y mientras eso ocurre, el PP adopta buena parte del lenguaje, aunque no todas las cifras.
El plan presentado por Vox en las últimas semanas habla abiertamente de “remigración masiva”. La formación de Santiago Abascal no se limita ya a la expulsión de inmigrantes en situación irregular: plantea deportaciones que afectarían a personas con residencia legal, incluso nacionalizadas, e incluye en ese paquete a las segundas generaciones que “no se hayan integrado”. La cifra sugerida, entre siete y ocho millones, excede incluso el total de extranjeros residentes en España, lo que ha generado un aluvión de críticas por su irrealismo y por su potencial impacto jurídico y económico.
Aun así, la propuesta ha ocupado titulares, tertulias y debates parlamentarios. Y ese es, precisamente, uno de sus objetivos: desplazar el eje del debate público hacia sus marcos ideológicos. Lo que hace una década habría sido considerado inasumible —deportaciones colectivas por criterios culturales, referendos sobre expulsión, revisión de nacionalidades ya concedidas— hoy se discute en prime time, con la oposición entrecomillando, pero sin negar del todo las premisas.
La reacción del Partido Popular ha sido más ambigua que frontal. Mientras condena los excesos numéricos y evita suscribir la propuesta, adopta términos como “efecto llamada”, “inmigración descontrolada” o “fronteras desprotegidas” para fijar posición. En comunidades donde gobierna con Vox, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, ha aceptado medidas simbólicas y discursos que, sin llegar a la deportación masiva, sí abonan un terreno de sospecha hacia los migrantes.
Este fenómeno no es nuevo, pero se agudiza con el contexto actual: el aumento de llegadas por la ruta atlántica, los disturbios en zonas tensionadas como Torre Pacheco, y una narrativa de crisis que alimenta la percepción de “invasión”, pese a los datos. Según el INE, los inmigrantes suponen el 14,2 % de la población en España y tienen una tasa de criminalidad por debajo de la media en la mayoría de delitos. Pese a ello, un 57 % de los españoles cree que hay “demasiados inmigrantes” y el 75 % los asocia a conceptos negativos, según el último Eurobarómetro.
El resultado es un escenario donde las posiciones más radicales logran marcar la agenda, desplazando el eje del debate hacia marcos antes impensables. La llamada “ventana de Overton” lo ilustra bien: ideas como deportaciones masivas o la revisión de nacionalidades, antaño inasumibles, se discuten hoy con normalidad. Vox ha conseguido introducir su lenguaje en la conversación política, y aunque el PP asegura mantener distancias, ha adoptado cada vez más expresiones propias del discurso ultraderechista —como “inmigración descontrolada” o “efecto llamada”— para no quedar fuera de ese marco narrativo.
Esa convergencia discursiva genera una sensación de consentimiento implícito que condiciona tanto la percepción pública como el rumbo de las políticas. Al asumir los códigos del miedo o la sospecha, incluso sin compartir todas sus propuestas, se refuerza el relato de que la inmigración es un problema a combatir, más que un fenómeno a gestionar. ¿Comparte la ciudadanía esa visión? ¿Cree que el PP se está aproximando demasiado al discurso de Vox? ¿A quién otorga mayor credibilidad? ¿Y hasta qué punto avala medidas como los referendos o las expulsiones colectivas? Esta encuesta busca responder a esas preguntas.