Desde que dejó La Moncloa en 1996, Felipe González ha pasado de ser el líder indiscutido del PSOE a convertirse en un azote para algunas de sus direcciones. La última muestra ha llegado con su demoledora crítica a la ley de amnistía de Pedro Sánchez, a la que ha tachado de “corrupción política”, y con su anuncio de que no votará al partido si el presidente insiste en su defensa. La pregunta que muchos se hacen hoy es si el PSOE debería sancionar al hombre que durante décadas fue su mayor emblema.
Las declaraciones de González, realizadas esta vez en una entrevista radiofónica, no han dejado lugar a la ambigüedad. El expresidente ha señalado que la norma que busca amnistiar a los implicados en el procés supone “una barrabasada” y un ataque al Estado de derecho, advirtiendo que con esta decisión el Gobierno “se coloca fuera de la legalidad moral”. Además, deslizó que optaría por el voto en blanco en un futuro proceso electoral si Sánchez repite como cabeza de cartel del PSOE. Este posicionamiento, lejos de ser anecdótico, ha reabierto heridas en la familia socialista y ha alimentado un debate sobre los límites de la crítica interna y el peso simbólico de los antiguos dirigentes.
No es la primera vez que Felipe González se desmarca de la línea oficial del partido. Ya en 2016, durante la crisis interna que llevó a la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, el expresidente fue una de las voces que defendió la necesidad de facilitar la investidura de Mariano Rajoy mediante la abstención. Entonces, González llegó a manifestar públicamente que se sintió “engañado” por Sánchez, a quien acusó de incumplir los compromisos adquiridos con la dirección y con la militancia. Aquellas palabras supusieron un punto de inflexión y precipitaron el derrumbe de la ejecutiva de Sánchez.
Más recientemente, el expresidente se mostró muy crítico con la política de pactos del actual Ejecutivo. En 2024, cuestionó abiertamente los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas, denunciando que el PSOE estaba “perdiendo el norte” y “desdibujando su proyecto de país”. Sus intervenciones públicas, lejos de ser esporádicas, se han convertido en un martillo pilón contra las principales decisiones estratégicas del actual Gobierno.
Para entender la dimensión del actual choque conviene recordar la trayectoria y el legado de González. Abogado laboralista y destacado militante antifranquista, accedió a la secretaría general del PSOE en el Congreso de Suresnes (1974), donde simbolizó el relevo generacional y la modernización del partido. Su liderazgo transformó al PSOE en un partido de gobierno, que abandonó el marxismo en 1979 para abrazar la socialdemocracia y que alcanzó su cénit en 1982, cuando logró una histórica mayoría absoluta que le llevó a La Moncloa.
Durante sus catorce años como presidente, González pilotó la modernización económica, la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y el fortalecimiento del Estado del bienestar. Su mandato estuvo marcado por hitos como la extensión de la sanidad pública, la reforma educativa, el impulso de infraestructuras o la consolidación de los derechos civiles. Sin embargo, su etapa también quedó salpicada por los escándalos de corrupción y por la guerra sucia contra ETA, lo que supuso un desgaste que acabó propiciando su salida del poder en 1996.
Ese legado, ambivalente y de enorme calado histórico, convierte a González en una figura referencial para el socialismo español. Precisamente por ello, sus palabras y sus actos siguen teniendo eco, aunque para algunos dentro del partido su voz haya dejado de ser un referente y se perciba más como un factor de desestabilización. Las recientes reacciones así lo evidencian: mientras algunos dirigentes, como Emiliano García-Page, han mostrado comprensión hacia sus críticas, otros, como Patxi López, le han reprochado que use “los argumentos de la derecha” y que con su actitud contribuya a la erosión del proyecto socialista.
Así, la figura de González vuelve a ser incómoda y necesaria a partes iguales. ¿Debe el PSOE sancionar al expresidente por lo que algunos consideran deslealtad? ¿O aceptar que en su legado se incluye también la misión de alzar la voz cuando, a su juicio, el partido se aleja de sus principios? Esa es la pregunta que hoy planteamos a nuestros lectores.
