El debate sobre el lawfare vuelve al centro de la política española. La denuncia de una posible utilización de los tribunales para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez no es nueva: en los últimos meses, distintos miembros del Ejecutivo han señalado la existencia de una ofensiva judicial y mediática contra el PSOE y su entorno.
Esa crítica se ha intensificado al calor de los diferentes frentes judiciales abiertos contra el Gobierno, el partido y personas próximas al presidente. Para el Ejecutivo, no se trata de cuestionar a toda la Justicia, sino de alertar sobre actuaciones concretas que, a su juicio, desbordan el papel de los tribunales y entran en el terreno de la disputa política.
En ese contexto se enmarcan las declaraciones de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aseguró en un acto de Público que “hay jueces que prevarican”. Sus palabras llegan tras la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en relación con el caso de los delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
López defendió que el Gobierno de Sánchez “actúa siempre contra la corrupción”, pero advirtió de que “no hay nada peor que dejarse avasallar cuando no hay corrupción”. También insistió en que el Ejecutivo no se dejará “atropellar” por quienes, en su opinión, están intentando “mezclar todo” para generar confusión.
El ministro subrayó además la importancia de la separación de poderes: “El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la Justicia hace justicia”. Pero añadió un matiz político de fondo: “La Justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos”.
La derecha, por su parte, acusa al Ejecutivo de intentar desacreditar a los jueces cada vez que una resolución judicial afecta al PSOE o al entorno del presidente. Para PP y Vox, hablar de lawfare supone atacar la independencia judicial y erosionar la confianza en las instituciones.
El choque, por tanto, va más allá de unas declaraciones concretas. La discusión de fondo es si existe una ofensiva judicial contra el Gobierno o si el Ejecutivo utiliza ese argumento para defenderse políticamente de causas que le incomodan. ¿Y tú que piensas? Vota en nuestra encuesta.
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