El historiador Paul Preston lo decía literalmente el lunes pasado en una entrevista radiofónica: “Si Garzón es considerado culpable, el Supremo cubrirá de ridículo a la Justicia española en el contexto internacional”. Aunque, para mayor precisión, al bochornoso proceso que se está siguiendo contra él es ya más que suficiente para garantizar ese ridículo. Porque no es posible concebir que se esté juzgando a un juez por investigar unos presuntos crímenes cometidos en un Estado totalitario que toda comunidad democrática condena por sistema. Porque no es posible asimilar que en un país con treinta años de democracia se siga demonizando a quien pretenda apoyar a las víctimas de unos crímenes de Estado que afectaron a una parte importante de la población durante cuarenta años.
Porque es inviable que en un entorno democrático se continúe, después de más de tres décadas de su final, escondiendo la cara oculta de una dictadura y vetando a quien ose investigarla. Porque el proceso judicial que se está ejecutando no cuestiona a los presuntos culpables de crímenes de lesa humanidad, sino al mismo juez que los buscaba. Porque es surrealista que en este país, en estos momentos, se esté tratando como un criminal a un juez reconocido internacionalmente por su lucha a favor de los Derechos Humanos, mientras se otorgan honores de Estado al funeral de un ex alto cargo de la dictadura. Que nos lo expliquen.
Se argumentan supuestos errores de forma. En tal caso, que nos lo sigan explicando, porque resulta inaudito, con tantos y tantos errores de forma que impregnan las instituciones españolas, que un, repito, simple “supuesto error formal” lleve al juez a ser juzgado por sus investigaciones, como un delincuente, en los tribunales. Como resulta inaudito que los crímenes contra los españoles, investigados por el juez, sigan resguardados bajo el tutelaje de los que no quieren que sean desvelados.
Leía en Le Fígaro del pasado día 18 que el “superjuez español” (así le nombran en Francia por haber sentado en el banquillo al dictador criminal Pinochet) se juega su carrera por un asunto que se remonta a 2008, cuando Garzón instruía el caso Gürtel, “el mayor caso de corrupción que implica a la derecha española”. Son más que evidentes, incluso fuera de España, los sectores que se han esmerado en intentar parar las actuaciones de un juez que no tenía prejuicios a la hora de hacer su trabajo a favor de la transparencia democrática, y de intentar, por fin, ofrecer reconocimiento jurídico y político a las miles de víctimas de la dictadura franquista.
Baltasar Garzón, como todos, podrá caer mal o caer bien a nivel personal, pero de lo que no cabe duda alguna es de que está siendo juzgado por investigar graves vulneraciones de derechos humanos. Una absurda y demencial injusticia, no sólo contra el juez Garzón, sino contra toda España. El ridículo de la justicia española está servido, y la vergüenza también, especialmente tras conocer la sentencia absolutoria de dos supuestos grandes implicados en la misma trama corrupta que el juez investigaba. Hasta el punto de que esta Justicia española está empezando a ser cuestionada por los grandes medios, tanto nacionales como extranjeros. De nuevo, la siniestra y ridícula España de charanga y pandereta.
Coral Bravo es Doctora en Filología
