Si fuera venezolano posiblemente el intento de acabar políticamente con Ángel Galindo por parte del partido gobernante estaría estos días en los telediarios. Pero Galindo es español y su caso tiene varios de los elementos propios de los peores vicios de la política nacional: defensores del patrimonio público que acaban siendo acosados por ello por parte del PP, que malgasta en sus cruzadas políticas el dinero de todos. Y en lado positivo, un Estado de Derecho y una Justicia que acaba evitando algunos desmanes. Pero de guinda, de nuevo otro giro esperpéntico con tufo patrio: los bienes salvados por el empeño de los ciudadanos y del acosado acaban siendo utilizados como reclamo electoral -con presencia de ministro incluida- por el partido que los quiso poner en manos particulares.
Un edil muy incómodo para el PP
Galindo es el líder de la oposición en Boadilla del Monte (Madrid), donde con su partido ApB cuenta con cuatro ediles -por los tres del PSOE y los dos de UPyD- para hacer frente a los 12 del PP liderados por el alcalde Antonio González Terol, el heredero político de los exregidores que tuvieron que dejar el cargo al ser procesados por el caso Gürtel. El edil y portavoz de Alternativa por Boadilla de hecho fue clave para destapar el caso Gürtel pues es el abogado del denunciante de la trama, el exedil popular de Majadahonda José Luis Peñas. Su trabajo en la oposición y sus denuncias de los 'negocios' de la Gürtel en el municipio epicentro de la trama le han costado varios intentos de ser inhabilitado por parte del PP. Pero no han podido evitar que vuelva a presentarse a las municipales de este año.
Intentos reiterados para inhabilitarle
El acoso a este edil no se circunscribe a sus denuncias relacionadas con la Gürtel sino a su labor de oposición en varios ámbitos. La Justicia acaba de archivar por segunda vez una querella criminal del Ayuntamiento de Boadilla contra Galindo por destapar el Caso Palacio. En concreto le acusaban de haber cometido delitos penados con pena de prisión e inhabilitación por haber hecho públicos documentos municipales que el Ayuntamiento de Boadilla ocultó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El 'pecado' de este edil fue destapar que el exalcalde Arturo González Panero –imputado por la Gürtel- y un funcionario público habían ocultado documentos para no ejecutar una sentencia que obligaba al conde de Bañares a devolver más de 2.000 millones de pesetas que había recibido del municipio por el Palacio del Infante Luis de Borbón, lo que evitó que el dinero retornara a las arcas municipales. El Juzgado de Móstoles advierte al Ayuntamiento de que los documentos que destaparon el escándalo debían ser de acceso público. El alcalde González Terol, tras un archivo inicial de la causa contra Galindo, insistió y destinó una partida de hasta 18.000 euros de dinero municipal para que abogados de Price Waterhouse Coopers continuaran el empeño de inhabilitar al edil de la oposición. Dinero gastado inútilmente y que no ha sido reintegrado a las arcas municipales como reclama Galindo, que quiere que el PP asuma al menos el coste y la responsabilidad de sus persecuciones políticas en lugar de hacerlo a través del presupuesto municipal, con el que también se tendrá que pagar por cierto las consecuencias del acoso laboral del Ayuntamiento hacia testigos de la Gürtel.
Los vecinos y la oposición salvan un bien público...
Pero esta historia tiene más capítulos grotescos. El Palacio del Infantado se convirtió en público con un considerable coste para los vecinos de Boadilla por los extraños 'descuidos'del Ayuntamiento del PP, pero una vez que lo tuvieron en sus manos intentaron por todos los medios derivarlo hacia otras administraciones o actores privados. Primero en 2003 una denuncia judicial interpuesta por los grupos de la oposición, la Asociación de Amigos del Palacio y más de 4.000 vecinos impidió la cesión del Palacio para la instalación de la Escuela Militar Ecuestre. Pero hay más, como recuerda el propio Galindo: "El último intento fallido del PP por dejarnos sin Palacio consistió en adjudicar su uso a la SGAE, tras un pliego de condiciones cuyos requisitos contemplaban una solicitud previa de la mencionada Sociedad para adjudicarse directamente el espacio. El acuerdo de adjudicación fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por el grupo municipal Alternativa por Boadilla, cuya sentencia del año 2010 consiguió anular la cesión que incumplía las leyes de Patrimonio Histórico y permitía obras ilegales en el Palacio".
... y el PP ahora lo utiliza como reclamo electoral
El portavoz de ApB recuerda estos intentos frustrados de privar a los vecinos de Boadilla del Palacio porque este martes, con gran despliegue mediático, González Terol ha inaugurado la rehabilitación de los jardines del Palacio -el edificio sigue en obras y no se puede acceder- para uso y disfrute de todos... La inauguración se ha convertido en un reclamo electoral de cara a las inminentes municipales en el que todo el PP ha puesto mucho empeño, pues ha acudido el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. También estaba anunciada la presencia del todavía presidente regional, Ignacio González, como deferencia al alcalde González Terol, que también es diputado en la Asamblea y además es miembro del Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Pero al final el presidente regional no se ha presentado, tampoco es alguien que quede demasiado bien ahora en las fotos electoralistas. "Ha sido una vez más la intervención de los jueces la que ha parado los atropellos del PP de Boadilla", insiste Galindo sobre la posibilidad de que los vecinos sigan contando con ese edificio histórico. Curiosamente González Terol inauguró también ayer en el municipio junto al obispo de Getafe una exposición sobre 'Cristianos perseguidos en el siglo XXI'. Los perseguidos políticamente en su propio municipio, cristianos o no, obviamente no están incluidos en la muestra.
