Uno de los dueños de Urbagestión respetó el alquiler de un inquilino en el mismo edificio de Maricarmen hasta el día de su muerte

El desahucio de Maricarmen generó un movimiento social que no solo está sacando a cientos de miles de españoles a la calle para protestar contra los abusos del mercado inmobiliario, sino que la presión que está ejerciendo a la clase política y a las administraciones públicas propició que el Gobierno de España tratara de aprobar dos decretos en el Congreso que, tras ser tumbados, llevaron a Pedro Sánchez a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas. Los desahucios se dan a diario, hallando cientos de casos de personas vulnerables y familias completas que son abandonadas a su suerte en la calle con una mano delante y otra detrás. Sin embargo, a pesar de las múltiples manifestaciones que viene habiendo en contra de las enormes dificultades que existen para acceder a una vivienda, el caso de esta mujer de 87 años fue la gota que colmó el vaso. 

Maricarmen encontró ayuda no solo en el Sindicato de Inquilinas, sino también en distintas personas que se ofrecieron tanto a pagar el nuevo alquiler que le reclamaba la empresa como a comprar su piso a precio de mercado actual para permitirle vivir en él. No obstante, a pesar de estas propuestas de conciliación que surgieron, la empresa que adquirió el inmueble en 2018, Urbagestión, se negó rotundamente a aceptarlas, tomando la decisión de no frenar el desahucio a pesar de que podría obtener el rédito económico que buscaba y forzando, así, la salida de esta mujer de 87 años del que había sido su hogar durante décadas y por el cual había estado pagando religiosamente cada cuota a su casero. 

Una presión la que Urbagestión ejerció sobre Maricarmen que no fue tal sobre otro inquilino del mismo edificio que también vivía de alquiler. El caso no corresponde exactamente a Urbagestión, pero si que la práctica ejercida sobre la mujer de 87 años puede llevarse seriamente a debate, más allá de la movilización social, al haberse conocido recientemente que uno de los dueños de la compañía permitió al vecino de Maricarmen permanecer en su vivienda respetando hasta su muerte el contrato de alquiler que tenía tras haber comprado el piso en el que residía. 

Número 46 de la calle Sainz de Baranda, Maricarmen había pasado tranquilamente buena parte de su vida hasta que Urbagestión compró el piso en el que llevaba viviendo la mayoría de su vida. El inmueble lo adquirió la empresa el 28 de junio de 2018, comprando Ricardo Alonso, uno de los dueños de la empresa, un día antes, el 27 de junio, una vivienda de similares características en el mismo bloque. 

Según ha desvelado Público, salvo por la diferencia de la terraza de la que dispone el piso de Maricarmen, el resto del inmueble que compraron Ricardo Alonso y su mujer es exactamente igual. La principal diferencia entre ambas operaciones se encuentra en el destino dado a los inquilinos. El piso adquirido por Ricardo Alonso Fernández y su esposa, María F. M., también estaba alquilado cuando pasó a ser de su propiedad. Sin embargo, según explicó el empresario al mencionado diario digital, el contrato se mantuvo “íntegramente” y el arrendatario permaneció en la vivienda hasta su fallecimiento. En la actualidad, el matrimonio tiene alquilado el inmueble a un familiar.

Las viviendas presentan unas características prácticamente idénticas, ya que ambas cuentan con 94 metros cuadrados, tres habitaciones y un baño. La de Maricarmen dispone además del derecho de uso exclusivo y privativo de una terraza de 63 metros cuadrados situada en la azotea. Las estimaciones de Idealista sitúan el valor de mercado del piso de la mujer en unos 757.000 euros, frente a los 769.000 euros del inmueble propiedad de Alonso y su esposa. También las rentas estimadas son similares, entre 1.970 y 1.980 euros mensuales.

Alonso sostiene que la compra que realizó junto a su mujer fue una operación particular, ajena a Urbagestión, y desvincula ambas adquisiciones del procedimiento judicial que terminó con el desahucio de Maricarmen. El empresario asegura además que la inmobiliaria no ha comprado ninguna otra vivienda en el edificio ni en otros inmuebles, ni directamente ni mediante sociedades vinculadas.

Ambos pisos fueron adquiridos a Renta Corporación, que vendió el edificio por unidades. Alonso asegura que espera que Maricarmen pueda recuperar su vivienda y “su vida” en ella, mientras el contraste entre ambos casos deja sobre la mesa una diferencia en la gestión de dos contratos de alquiler suscritos sobre viviendas de características prácticamente iguales y situadas en el mismo inmueble.