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El terremoto del desahucio de Maricarmen y la doble derrota parlamentaria de este viernes han llevado a Pedro Sánchez a unos días de reflexión para decidir si adelanta las elecciones generales, con el 29 de noviembre ya sonando como fecha. La provincia de Sevilla libra su propia versión del mismo pulso: quién construye vivienda pública de verdad, y quién se limita a poner el cartel. España se parte hoy por una grieta generacional: la que separa a quien tiene una propiedad de quien no la tendrá nunca.
La Rinconada, feudo del socialista Javier Fernández desde 2007, ha entregado más de un centenar de VPO y tiene otras 160 a punto de sortearse por debajo de los 115.000 euros. No es casualidad: Fernández, también presidente de la Diputación, ha hecho de la vivienda bandera provincial con el Plan Sevilla 2030, 70 millones para que ningún ayuntamiento tenga excusa, topando la venta en 115.000 euros y el alquiler en 350. "Que una vivienda de 300.000 euros se le pueda llamar VPO, eso no es una VPO", ha llegado a decir, calificando de "fraude" que una VPO deje de serlo a los siete años y se venda luego a precio de mercado, el mismo modelo de Junta y Ayuntamiento de Sevilla. Su gran apuesta, el Barrio de Quarto, se levantará sobre 135 hectáreas propiedad de la Diputación, cosiendo literalmente Sevilla con Dos Hermanas; sigue en trámites ambientales, sin fecha de obra.
El Aljarafe es una de las zonas donde más suben los precios (Tomares, un 20,6% en un año), y en Mairena del Aljarafe el socialista Antonio Conde ha ampliado su plan municipal hasta las 657 VPO. En las primeras 102, con obra a punto de adjudicarse, el pliego obliga a rebajar un 10% el precio máximo (algo que ni Junta ni Ayuntamiento de Sevilla exigen) y premia con hasta 60 puntos a quien rebaje más. Mairena se ha sumado, además, al Plan Sevilla 2030 de la Diputación para construir otras 80 VPO en alquiler a 350 euros al mes.
En la campiña sevillana, dos vecinos ofrecen el contraste más crudo del mapa. En Utrera, gobernada por el popular Francisco "Curro" Jiménez, la promesa se ha vuelto denuncia, por partida doble. Las 38 VPO que la Junta levanta en Los Ruedos de Consolación llevan meses paralizadas: el PSOE ha destapado facturas impagadas a empresas utreranas por más de 100.000 euros, y en agosto confirmó la parálisis total, acusando al alcalde de haberlo ocultado. Hay además un segundo frente, y afecta a familias que ya viven en sus casas: cuarenta viviendas sociales de la calle Antonio de Nebrija llevan pactadas desde marzo de 2023, por 980.000 euros, parte del legado de la quiebra de la extinta sociedad municipal PRODUSA durante un mandato anterior de Jiménez, que dejó 130 viviendas sociales expuestas a bancos y fondos buitre. Tres años después, la compra sigue sin firmarse, mientras el Ayuntamiento sí encontraba 43.000 euros para trasladar una estatua. Esta semana, con el eco de Maricarmen aún fresco, el PSOE de Utrera volvió a exigir la firma: presupuestar, recuerdan, no es comprar.
A escasos kilómetros, Los Palacios y Villafranca cuenta otra historia. Su alcalde desde hace cuatro mandatos, Juan Manuel Valle (IP-IU), acaba de formalizar la compra de 93 VPO procedentes de la liquidación de la antigua pública IDELPA, para que no acabaran en manos de un fondo y dar certidumbre a las familias que las habitan. No es su primera batalla: en 2021, tras años de pleito, el Ayuntamiento pactó con el fondo luxemburgués Alkali Europe III recuperar sin cargas más de 43.000 metros cuadrados de suelo urbano. Ahora recibe además a la Diputación para terminar otras 50 VPO en Los Chapatales, paralizadas desde 2008, a precios de entre 76.000 y 91.000 euros. "A los fondos buitre les hemos plantado cara con hechos", resume Valle. "Mientras tengamos la responsabilidad de gobernar, estas 93 viviendas seguirán siendo públicas y no se venderán a ningún fondo de inversión."
En Alcalá de Guadaíra, la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez presentó en junio lo que definió como "el mayor plan municipal de vivienda pública asequible de la provincia" a través de VIVE ALCALÁ: 191 viviendas, 84 en alquiler a 350 euros al mes y 107 en venta desde 115.000, construidas con sistemas industrializados que recortan los plazos a solo 14 meses, con entrega prevista para finales de 2027. Y no es un proyecto aislado: el propio pleno ya ha respaldado otras 190 VPO más en Montecarmelo, y el Ayuntamiento trabaja en paralelo en 700 viviendas adicionales en Pablo VI y Los Cercadillos.
Dos Hermanas libra una guerra abierta contra la Junta, y de paso ofrece el caso más completo. Su alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, anunció en el último pleno que el municipio ha ofrecido a la Junta suelo para 6.800 VPO, el tercer puesto de toda Andalucía por detrás solo de Sevilla y Málaga. En Entrenúcleos, su gran desarrollo, el Ayuntamiento reservó voluntariamente el 45% del suelo para VPO, quince puntos sobre el mínimo legal: así, 2.242 familias ya tienen llave en mano y otras 1.873 están en construcción. El Ayuntamiento ha destinado 31,5 millones de euros a 1.725 de esas viviendas ya entregadas, un descuento del 12% directo al precio de cada vivienda y un 2% a mejoras en zonas comunes. Pero el mismo pleno sirvió para señalar quién encarece de verdad la vivienda protegida: mientras el Ayuntamiento rebaja el precio máximo autorizado, la Junta lo ha subido un 39,7% desde 2020, de 1.482 a 2.070 euros el metro cuadrado de las VPO de Régimen Especial, y ha equiparado a Dos Hermanas, a efectos de precios, con capitales y zonas turísticas como Marbella o Torremolinos.
Alcalá y Dos Hermanas comparten frontera con la propia Sevilla, y ahí aparece la paradoja. El alcalde del PP, José Luis Sanz, presume de que la ciudad llegará a las 7.000 VPO en 2031. Lo dice con la misma seguridad con la que evita hablar de la Cruz del Campo, donde las VPO llegan a costar 350.000 euros. El caso llegó al Parlamento andaluz, donde el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), lo defendió calificando la zona de "una de las mejores de Sevilla".
El capítulo más grave no es de plazos ni de precios, sino de vidas. elDiario.es reveló esta semana que la Agencia de Vivienda de la Junta de Moreno (AVRA) carece, desde 2016, de seguro de responsabilidad civil para sus técnicos de obra. Lo destapó la muerte de un trabajador aplastado por un muro en una promoción pública en marzo de 2025: la aparejadora responsable está imputada por homicidio imprudente, sin cobertura de la Junta, con juicio en noviembre.
Y ahí está la competencia que todo lo explica y que casi nadie menciona: la vivienda es materia de la Junta, no de los ayuntamientos. De ahí la queja que, en privado, comparten alcaldes del PSOE, de IU y del propio PP: que la Junta de Moreno apenas ha promovido vivienda propia en casi ocho años, dejando que los ayuntamientos carguen con un problema que no es suyo.
Si Gaza ha politizado a buena parte de la generación más joven, la vivienda será su primer muro contra la realidad adulta: de qué lado de ese muro acaben dependerá su estabilidad, su bienestar y el proyecto de vida que puedan permitirse construir. La vivienda pública, cuando funciona, es la única grieta que ese muro tiene: una pareja que no tiene que irse de su barrio, una familia que deja de malvivir de alquiler.
