El Congreso de los Diputados dictó sentencia este viernes con respecto a los dos decretos de vivienda: ninguno de ellos salió adelante tras la una repetida suma en negativo del Partido Popular, Vox y Junts para tumbarlos. Una resolución sobre la que, en lo que concierne a los distintos argumentos brindados por las formaciones políticas, el Partido Popular esgrimió un 'no' en rotundo, oponiéndose de frente a las proposiciones del Gobierno central y basándose en una postura de defensa a los propietarios, la construcción de un millón de viviendas y señalando graves perjuicios al mercado del alquiler. Un imaginario que recuerda, en ciertas similitudes, al empleado años atrás tanto con la reforma laboral como con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
A lo largo de esta semana, Alberto Núñez Feijóo calificó ambos paquetes de medidas como “una trampa” del Ejecutivo de Pedro Sánchez al entender que “son dos normas incompatibles entre sí”. Asimismo, ante la Junta Directiva del PP, el líder de Génova defendió el derecho de los caseros a alquilar sus viviendas “sin miedo” a que sean okupadas. “El propietario debe contar con deducciones fiscales en algunos casos y con garantías de que nadie pueda okupar una casa que no es la suya”, reiteró, matizando que una de sus soluciones para la crisis sería la construcción de un millón de viviendas.
Cuando los populares ratificaron con su voto la intención que ya confirmaron, tras la sesión parlamentaria, Feijóo compareció ante los medios de comunicación en el Congreso para defender que, gracias a su postura, “garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer, eso no significa que vaya a estar mejor que mañana”: “Hay una alternativa concreta, creíble y viable que, si nos dan su confianza, implementaremos”, afianzó.
Un escenario que dejó la incógnita aún más abierta de lo que estaba: ¿qué pasará ahora con la crisis de la vivienda? Por lo pronto, con los decretos caídos, el Gobierno ha comenzado a barajar la posibilidad de un adelanto electoral mientras que la oposición se ha congratulado de que las medidas no hayan salido adelante. Sin embargo, la movilización social ha prometido mantenerse en pie con más movilizaciones más allá de la Puerta del Sol.
Los argumentos del PP en vivienda emulan a los del SMI y reforma laboral
Yendo al fondo de los argumentos empleados sobre esta cuestión candente, y debido a que los populares de Feijóo, en esta última semana, también han venido defendiendo que los decretos aportan “inseguridad jurídica” para los propietarios, quienes podrían retirar sus viviendas en alquiler del mercado, esta fórmula viene recordando los augurios que la misma formación empleó tanto con la reforma laboral del Gobierno central como la subida del salario mínimo en las dos últimas legislaturas.
Por un lado, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras popular, Juan Bravo, señaló este miércoles que “a todas esas viviendas del mercado de alquiler que han desaparecido por inseguridad jurídica, hay que darles seguridad jurídica”, según precisó en el programa de televisión ‘Al rojo vivo’ (laSexta). Misma postura que empleó el propio Núñez Feijóo, quien dijo que “si no hay vivienda, la gente no podrá alquilar ni comprar”, advirtiendo al tiempo que los propietarios podrían retirar inmuebles sin consideran que no tienen garantías suficientes.
Más allá fue incluso la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, quien este jueves dijo que el decreto de vivienda “ya ha reducido la oferta de alquiler en Baleares y los precios han subido”.
Un conjunto de argumentos que, si se lleva a la hemeroteca del PP en la última década, concuerda en similares términos con avances sociales de calado. Si ahora el conjunto de Génova sostiene que aumentar las obligaciones fiscales y legales de los caseros declinará en inseguridad jurídica y retirará viviendas en alquiler del mercado, cuando se produjo la subida del SMI advirtieron de un presunto riesgo de destrucción de empleo.
Augurar el efecto contrario del perseguido es una tónica habitual en el discurso del PP que llevan empleando desde hace años. Sin ir más lejos, sobre el incremento del SMI y durante la negociación de la reforma laboral de finales de 2021, en este caso, antes de la etapa de Feijóo en Génova.
Por un lado, en lo que concierne a la reforma laboral, uno de los argumentos más sólidos vino en voz del entonces secretario general Teodoro García Egea, durante el mandato de Pablo Casado. Fue en una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de noviembre de 2021, cuando preguntó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si “iba a derogar la reforma laboral y a mandar a miles de españoles al paro”. Posteriormente, en febrero de 2022, insistió en que la norma generaría “menos flexibilidad y mayor rigidez en la contratación”, situando la reforma como “mala para el empleo”. Cuando Feijóo asumió la dirección del PP, el argumentario cambió relativamente a favor de la reforma, reconociendo éste que era “buena”.
Las advertencias sobre una posible destrucción de empleo por el salario mínimo también acontecieron, aunque aún más atrás en el tiempo, en plena etapa de Casado al frente de Génova. Cuando el Gobierno de Sánchez lo elevó un 22,3%, teniendo en cuenta que el mandato de Mariano Rajoy lo dejó a 753 euros mensuales en 2018, el PP se opuso augurando que produciría “colas” de trabajadores reclamando incrementos salariales y un “colapso” en la economía nacional. Asimismo, distintos dirigentes del partido hablaron entonces de “despidos masivos” a consecuencia de esta subida salarial.
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