Las múltiples causas judiciales que hay abiertas alrededor de nombres destacados en la esfera política de España copan la actualidad y asumen el protagonismo en cada debate parlamentario y mediático. Sin embargo, de este escenario se desprende una realidad paralela que es la doble velocidad a la que actúa la Justicia dependiendo de a quién se investigue.
Precisamente a razón de ello, y también con el telón de la reciente condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, o la decisión del juez Juan Carlos Peinado con la que envía a Begoña Gómez a juicio oral, el ministro del Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha querido pronunciarse al respecto a través de un breve pero contundente mensaje en redes. "Quien a estas alturas defienda que se están tratando por igual los asuntos judiciales que afectan a políticos de izquierdas y los que afectan a políticos de derechas, o está ciego o padece un grado de fanatismo incurable", ha lanzado el ministro en su cuenta de X (antes Twitter).
Quien a estas alturas defienda que se están tratando por igual los asuntos judiciales que afectan a políticos de izquierdas y los que afectan a políticos de derechas, o esta ciego o padece un grado de fanatismo incurable.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 26, 2026
Precisamente en este sentido hace dos semanas desde el PSOE pusieron de relieve esta doble velocidad coincidiendo con la orden del juez Antonio Viejo para que entidades bancarias proporcionen toda la información relativa a cuentas, movimientos, productos financieros y saldos vinculados a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Una decisión que llegaba precisamente seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo solicitara.
Además, esta orden del magistrado supone uno de los movimientos más relevantes desde que se abrió la pieza separada en la que se investiga a González Amador por un presunto delito de corrupción en los negocios. El objetivo de la UCO es determinar si existieron incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados y si dichos aumentos guardan relación con las operaciones mercantiles que se encuentran bajo sospecha.
Con todo ello, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aprovechó la decisión del juez Viejo para reflejar la comparación con otras investigaciones recientes que han ocupado el debate político nacional. "Por dar un dato: la UCO tardó un mes en emitir el primer informe de Begoña Gómez y 40 días en el segundo. Arranca el cronómetro", señaló la dirigente socialista a través de sus redes sociales. Con estas palabras, Mínguez quiso poner el foco en los tiempos de la Justicia y cómo varían en función de quién se siente en el banquillo.
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