La democracia, bajo amenaza digital

Se fue construyendo poco a poco, casi sin que nadie lo advirtiera: una maquinaria destinada a condicionar emociones, moldear opiniones y dirigir comportamientos mediante la repetición, la simplificación y el miedo. Se fabricaban enemigos, se difundían medias verdades y se convertían consignas en pensamiento. Hoy reconocemos esos mecanismos en nuestros teléfonos, en los bulos virales, en las campañas coordinadas y en la polarización artificial. Un mensaje falso puede recorrer el planeta en minutos y perfiles automatizados, los llamados bots, acosar, difamar y manipular sin apenas consecuencias. A muchos de ellos solo les faltan ya los uniformes pardos.

Admitimos con demasiada facilidad su existencia, aunque no toleraríamos, de momento, que un autómata amenazara a alguien en la calle ni que un vehículo sin conductor causara heridos. En ese caso buscaríamos responsables. En el mundo digital, en cambio, la cadena se diluye y la impunidad se normaliza. Hemos aceptado en las redes comportamientos que jamás admitiríamos en la vida real: insultos, acoso, amenazas y linchamientos convertidos en un negocio donde cuanto más odio y polarización, más beneficios.

Esta desprotección no es neutra. Tiene efectos reales en la salud mental, en la convivencia y en el pensamiento crítico. En cuestión de minutos, los algoritmos pueden conducir a menores y personas vulnerables hacia contenidos que banalizan la autolesión, normalizan el sufrimiento extremo y refuerzan trastornos de la alimentación, creando auténticos túneles emocionales donde el dolor se presenta como algo normal. La exposición repetida favorece la imitación, debilita las defensas emocionales y convierte el malestar en identidad, hasta el punto de que ya existen demandas de familias que han perdido a sus hijos tras procesos de radicalización emocional alimentados por estas dinámicas digitales.

No hablamos de fenómenos marginales. Hablamos de realidades que están moldeando la conducta, el miedo y el silencio de toda una generación.

Como sociedad sabemos que hay ámbitos en los que la libertad de elección no puede servir de coartada para la irresponsabilidad. Protegemos a la infancia del alcohol, del tabaco, de contenidos dañinos y de drogas que destruyen vidas, porque entendemos que no todo vale y que la libertad sin garantías se convierte en abuso. ¿Por qué, entonces, aceptar que el espacio digital quede al margen de una protección real?

En este contexto, el Gobierno de España ha planteado medidas para reforzar la gobernanza digital, proteger a los menores, responsabilizar a las plataformas y combatir la impunidad tecnológica, en línea con una estrategia compartida con la Unión Europea para garantizar derechos fundamentales, transparencia algorítmica y control del discurso de odio. No se trata de censurar, sino de exigir responsabilidad.

Del mismo modo que una empresa responde por los daños que causa, las plataformas deben responder por el impacto social de sus algoritmos y de su modelo de negocio. No puede ser que quienes obtienen beneficios multimillonarios se limiten a decir que “solo ponen la infraestructura”. Ese mismo argumento lo utilizaban los grandes narcotraficantes cuando afirmaban que solo vendían lo que se demandaba, y hoy sabemos a dónde conduce esa lógica: a la destrucción de vidas mientras unos pocos se hacen inmensamente ricos.

Amenaza a la democracia

La desinformación no es un problema técnico, sino democrático. Distorsiona elecciones, alimenta el odio, debilita la confianza en las instituciones y convierte el miedo en herramienta política. Cuando la mentira se normaliza y los bulos sustituyen a los hechos, la democracia se erosiona.

No es casualidad que los grandes conglomerados tecnológicos acumulen hoy un poder comparable al de muchos Estados. Sin límites claros, ese poder se convierte en una amenaza directa para la soberanía democrática. Y en esto estamos todos concernidos. No se trata de una disputa ideológica ni partidista, sino de una cuestión de futuro: poder discrepar sin miedo, expresarse sin acoso y garantizar que la libertad siga siendo un derecho, no un privilegio condicionado por algoritmos opacos.

Conviene recordarlo: la repetición, la manipulación emocional y la conversión de la mentira en verdad no nacieron con las redes. Fueron diseñadas hace casi un siglo por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. Hoy no hacen falta camisas pardas ni radios del pueblo: basta con un teléfono móvil.

Por eso, estas medidas no deben entenderse como una batalla política, sino como una exigencia social: la de padres y madres que quieren proteger a sus hijos, la de familias que no aceptan que el negocio del odio condicione su futuro, la de la ciudadanía que defiende su dignidad, su libertad y su derecho a pensar sin ser manipulados. Regular las redes no es limitar libertades, es defenderlas.

Es ahora o será tarde.

Fernando Luján es Vicesecretario general de política sindical de UGT. Profesor de Derecho del Trabajo y SS. UAM