El decreto de vivienda aterriza en el Consejo de Ministros con división interna y descontento social

El desahucio de Maricarmen, vecina madrileña de 87 años y movilidad reducida en pleno centro de Madrid, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Desde que el pasado miércoles la imagen de la anciana siendo desalojada de su casa llegó a todos los rincones del país, incluso traspasó fronteras, la tensionada crisis de vivienda estalló en un clamor social que ruge con fuerza clamando por soluciones inmediatas y eficaces. Bajo este marco, el Gobierno central de Pedro Sánchez ha trabajado estos últimos días a contrarreloj por sacar adelante el real decreto tan necesario y que, este martes, aterriza en el Consejo de Ministros. 

La presión social, mediática y política en torno a este paquete de medidas ha marcado la actualidad de los últimos días, traduciéndose, en lo que concierne al clamor ciudadano, en una manifestación el pasado sábado que culminó en una acampada improvisada y multitudinaria en la Puerta del Sol movilizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. 

Bajo este telón de fondo, el Ejecutivo central, especialmente el ala socialista, no sólo es que haya tenido que correr a contrarreloj por presentar una batería de medidas acorde con las exigencias, sino que ha enfrentado un nuevo choque frontal con los ministros de Sumar a nivel interno. El ya bautizado como 'decreto Maricarmen' espera salir aprobado este martes tras un Consejo de Ministros que se prevé complejo y que busca dar solución a una problemática que se lleva extendiendo años, pero que ha terminado por encontrar su punto álgido ahora: la tragedia de los desahucios, el descontento de especialmente las generaciones jóvenes y la falta de respuesta institucional no se mantiene en pie. 

PSOE y Sumar se presentan divididos

Las diferencias con respecto al fondo y la forma se han hecho notar entre los socios en esta semana. Ejemplo de ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó este lunes que el decreto de vivienda debe incluir de manera irrevocable “la prórroga de alquileres, la protección de desahucios, regulación de temporada y por habitaciones y el fin del fraude turístico”, precisando que su formación no dará luz verde a un paquete de medidas que “no esté a la altura de la emergencia”. 

Entre otras voces de la formación magenta, han venido exigiendo por unanimidad la expropiación del piso de Maricarmen, en manos de la empresa Urbagestión, aun sin entrar dentro de los márgenes del decreto. Asimismo, fuentes de Sumar reiteraron que uno de los principales escollos con los socialistas ha sido delimitar el alcance de la prórroga de los alquileres que vencen este año, reclamando que sea automática y se extienda a dos años. 

A la postura de Sumar, se le han sumado los socios parlamentarios de izquierda, como bien son ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG, quienes elevaron este lunes la presión sobre el ala socialista de Sánchez para reclamar que el real decreto ley sea “exigente” y “valiente” no sólo para dar una respuesta al drama de Maricarmen, sino al conjunto del problema estructural que representa el acceso a la vivienda en España. Entre los dirigentes se encontraban las ministras de Sumar como Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), los diputados de Sumar, Carlos Martín, Alberto Ibáñez Gerardo Pisarello y Enrique Santiago; la parlamentaria de ERC Etna Estrems, su homólogo en Bildu Mikel Otero, y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Àgueda Micó y el miembro de la ejecutiva de Podemos, Tito Morano, entre otros, en una concentración en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

García, en este sentido, instó al PSOE a que entienda que este desahucio es un “punto de inflexión”, llamando a que se posicionen “con la especulación o con Maricarmen y las familias”: “Necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente valiente como para poner fin al problema de la vivienda”, subrayó. 

Desde el ala socialista, el propio presidente del Gobierno prometió dar una respuesta que, previsiblemente, se materializará de una forma u otra este martes. Defendió este fin de semana estar trabajando “a contrarreloj”, reclamando un “último esfuerzo” a las fuerzas políticas “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”. 

No obstante, Sánchez cargó de responsabilidades sobre esta cuestión tanto al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida como a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, quienes tienen competencias directas en materia de vivienda, lamentando así que el Partido Popular, en su conjunto “no ofrece alternativas y juegan a cuanto peor para España, mejor para ellos”. 

Ya este lunes, el mandatario de La Moncloa defendió “privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico”, en un claro mensaje hacia las comunidades autónomas y reiterando que es un factor ya contemplado en la Ley de Vivienda vigente, sin dar entonces ningún otro avance sobre lo que caerá en las próximas horas en la mesa de negociación del Consejo de Ministros. 

En un tono más abierto en clave de negociación se pronunció el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien reconoció que llegar a ella “siempre hablando de líneas rojas” no es la opción: “Hay que avanzar y hacer algo que los ciudadanos puedan percibir como que se están tomando decisiones y que todos en algún momento tenemos que ceder. Los acuerdos entre diferentes se basan también en renunciar a posiciones de máximos. (...) Puede ser que no todos los grupos parlamentarios encuentren todo lo que ellos querían, pero eso es normal, ni siquiera el Gobierno de España. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un gran margen de avance en muchas materias”, expresó en la inauguración del Congreso Europeo de Cámaras de Comercio en Valencia.

Sindicato de Inquilinas pide materializar su decreto íntegro

La voz de la ciudadanía se ha escuchado y expandido gracias al activismo del Sindicato de Inquilinas, cuyos integrantes no sólo han llevado la defensa del caso de Maricarmen, sino también las protestas al corazón de la capital con una acampada que ya puede considerarse histórica y que ha clamado tanto con la postura de la derecha política como de la izquierda institucional. Su portavoz, Rufina Parra, advirtió este lunes que las movilizaciones permanecerán en caso de que el decreto que resulte aprobado no recoja las principales exigencias y necesidades que premia el mercado de la vivienda. 

“Si el Gobierno aprueba otra ley que no incluya los contratos indefinidos, que no incluya otras cláusulas que eviten este tipo de acciones y que vayamos también hacia la regularización de precios. (...) No vamos a parar, no vamos a parar. No queremos más Maricármenes”, avanzó, reiterando que, si se aprueba un “decreto falso o tibio”, el descontento persistirá. 

Las medidas que aterrizan en el Consejo de Ministros

Dejando a un lado posturas dispares, lo que sí ha trascendido son las distintas medidas que llegan este martes al Consejo de Ministros. Los ejes vertebradores del real decreto ley son: la protección ante los desahucios, “para que no haya una sola Maricarmen más”, avanzaron desde el Gobierno; la prohibición de la compra especulativa a los conocidos como fondos buitre o la estabilización de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos en aquellas comunidades autónomas donde no se aplica la actual Ley de Vivienda estatal y hacen frente a subidas “abusivas” de los precios. 

Sin olvidar la regulación del alquiler de temporada y habitacional, así como implementar un IVA a los pisos turísticos en zonas tensionadas y para que tributen por lo que son, un negocio. También el Gobierno contempla bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, en este último caso, aquellos que incentiven rebajas. 

El real decreto ley incluiría a su vez ayudas a la compra de primera vivienda, también blindar el parque público estatal que, según el Ministerio de Vivienda, con el fin de que un inmueble “nunca más pagado con el dinero de todos acabe en manos de especuladores”. Por último, una rebaja del IVA a la construcción de vivienda protegida con carácter permanente.