Ana Millán, ‘número 3’ del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y ahora aupada en Génova por Alberto Núñez Feijóo, es uno de los cargos populares situado bajo el foco judicial. La que vicesecretaria de Organización del PP madrileño está bajo investigación judicial por cuatro presuntos delitos de corrupción.
Este lunes ha trascendido que Feijóo ha nombrado a Millán vocal de la Comisión Organizadora del XXI Congreso del partido que celebrará el partido entre el 4 y 6 de julio. Un puesto de relevancia que se suma al recientemente anunciado a su vez de Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso que actuará como presidente de la misma comisión organizadora.
En lo que concierne al perfil de Millán, cabe reiterar que desde hace tiempo esta dirigente, de conocida trascendencia en la política madrileña, se sitúa bajo la lupa judicial después de que la juez de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió el pasado 21 de junio a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con esta investigación.
Hasta cuatro presuntos delitos
La magistrada percibió con esta decisión que la que fuera alcaldesa de Arroyomolinos podría ser autora, además de otro empresario, de “los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
La causa judicial se inició en octubre de 2020, cuando se aceptó la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso 'Púnica' y del que no guardaba relación alguna.
Así las cosas, el pasado año la juez expuso que existen "una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".
Se afirma en base a "las diligencias que obran en el mismo, primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa, en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documental recabada".
Siguiendo los pasos acometidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la magistrada adujo a la adjudicación de “nueve contratos (siete mayores y dos menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011”. Sobre esta cuestión, se añadió una “diferencia de trato” por parte de Millán, más aun sabiendo que, de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a la dirigente popular con Grupo Educativo y Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", señaló el auto al que tuvo acceso ElPlural.com.
El motivo se fundamentaría en "el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012".
A ello se suman otras dos aristas más. Por un lado, la hermana de la exconcejala recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades". Por otro, también la pareja de Millán, a quien le fueron imputados "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un total de 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Ambas cuantías abonadas entre los ejercicios 2008 y 2011.