Existe un escenario que rara vez aparece en las tertulias pero que empieza a abrirse paso en los juzgados: la probabilidad agregada, cifrada en el 32,4%, de que ninguno de los casos que rodean al entorno del Gobierno acabe en condena. Si ese escenario se confirma y la evolución procesal no lo hace improbable o si se da la correlación positiva de que unas absoluciones impacten en otras, lo que eleva la probabilidad al 60%, el impacto político no sería neutro: podría convertirse en un efecto rebote electoral de gran magnitud, capaz de situar al PSOE en el entorno de los 155–160 escaños y permitir la revalidación de la mayoría de investidura en 2027 con el apoyo de las fuerzas progresistas.
No es una hipótesis voluntarista, sino una lectura fría y en base a escenarios de probabilidad matemática de cómo funcionan los procesos penales, a tenor de la jurisprudencia y el pasado judicial reciente, cómo reacciona el electorado ante el lawfare y cómo pesan los ciclos económicos en las urnas.
Los datos que mostramos en ElPlural.com se han tratado estadísticamente con el software estadístico SPSS, al que se le han suministrado 87 casos similares en cuanto pruebas de cargo y descargo, indicios y periciales a los que afectan al entorno del Gobierno y su Presidente juzgados por distintos tribunales españoles en los últimos 11 años (2015-2026) y han arrojado las probabilidades, tanto individuales como bilaterales como agregadas que se describen en este artículo.
Caso a caso… y el escenario agregado
El llamado caso Ábalos–Cerdán se sostiene hoy sobre indicios indirectos, grabaciones cuya autenticidad está por verificar y construcciones indiciarias que dependen casi por completo de la admisión o no de determinadas periciales. Si los jueces concluyen que las grabaciones supuestamente intervenidas por la UCO (o entregadas a ella por Koldo en su papel de posible confidente de la Benemérita) han sido manipuladas, editadas o carecen de una cadena de custodia fiable, como señalan periciales de la defensa que muestran trazas de sistemas operativos iOS inexistentes en el momento de las grabaciones, el núcleo del procedimiento se vendría abajo. A ello se suma la debilidad de algunos indicios documentales, como el supuesto contrato de compraventa parcial de Servinabar entre Santos Cerdán y su propietario único, Antxón Alonso, que no fue elevado a público ni produjo efectos jurídicos reales, lo que reduce notablemente su valor penal.
En términos de probabilidad, la experiencia judicial sugiere que estos procedimientos tienen más opciones de decaer que de culminar en condena firme, situando el escenario de archivo o absolución en torno al 45% para la absolución en ambos casos, que se eleva al 75% de probabilidades de absolución para Santos Cerdán considerado individualmente, 15 puntos por encima del 60% de opciones de sobreseimiento para Ábalos, al estar implicado en dos casos (mascarillas, de muy probable absolución por la derogación de la Ley de Contratos que supuso el Estado de Emergencia, y presuntas mordidas y cohechos derivados tráfico de influencias de licitaciones públicas). La nula aparición en el proceso del dinero supuestamente cobrado por ambos constituye en sí una prueba de descargo que la jurisprudencia suele atender en sentencias exculpatorias.
Los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente, David Sánchez, presentan aún menos consistencia penal. En ambos, las imputaciones descansan en interpretaciones expansivas del tráfico de influencias sin actos administrativos concretos, sin resolución decisoria imputable y sin acreditación de beneficio económico directo o indirecto. Es el patrón clásico de procedimientos que no superan el estándar probatorio exigido por el Supremo y acaban archivados tras un largo recorrido mediático. Aquí, la probabilidad de que no prospere ninguno de ellos se sitúa en el 69,3%, rozando la exculpación de David Sánchez el 90%, mientras que la de Begoña Gómez, al ser cinco las investigaciones diferentes del Juez Peinado sobre ella, decrece hasta un 77%, aún muy alta.
Si se observa el conjunto, la probabilidad de que todos los casos acaben en archivo, sobreseimiento o absolución no es marginal. La probabilidad agregada de que todos los casos resulten absueltos se sitúa en el 31%, como ocurriera una cifra altísima en términos judiciales… y políticamente explosiva. Este porcentaje no tiene en cuenta la correlación positiva entre los casos (por ejemplo, una desautorización pericial clave en el caso Ábalos como la que supondría demostrar que los audios de Koldo fueron manipulados por él y entregados a la Guardia Civil Patriótica, arrastra varios procedimientos y relanza a más del 92% la probabilidad de exculpación de Cerdán), la probabilidad real de exculpación conjunta sería mayor que ese 31%, en el entorno del 60%.
Existe un precedente claro en que todos los casos prefabricados y largamente judicializados contra el entorno de un partido político, Podemos, fueron desestimados en su totalidad. En efecto, los grandes casos Dina, financiación ilegal de Irán y Venezuela, Caja B / Neurona, la cuenta en paraísos fiscales como Granadinas o Luxemburgo, y el caso Villarejo-Podemos suponen un precedente claro de lawfare, reconocido de facto por resoluciones judiciales, comisiones parlamentarias y sentencias que desacreditan los informes policiales utilizados.
Del desgaste al rebote: cuando el lawfare deja de funcionar
La clave no es solo que los casos no prosperen, sino el momento en que el electorado lo asuma. Cuando una ofensiva judicial intensa no produce condenas, el castigo electoral suele transformarse en movilización defensiva, especialmente entre votantes de centroizquierda que habían optado por la abstención o la duda.
Ese fenómeno —bien documentado en otros ciclos políticos, siendo el más reciente el Brasil de Lula da Silva— se ve amplificado cuando coincide con datos económicos positivos: paro por debajo del 10%, récord histórico de 22 millones de afiliados, crecimiento sostenido y margen fiscal para políticas sociales sostenidas durante toda la legislatura. En ese contexto, el relato pasa del “escándalo” a la persecución fallida, y el foco vuelve a la gestión.
Hoy, la media de encuestas sitúa al PSOE en torno a 115–120 escaños. Pero ese dato incorpora plenamente el desgaste judicial. En términos bursátiles, lo “descuenta”. Si los procedimientos se desinflan de forma clara en 2026 y principios de 2027, el efecto combinado podría ser el siguiente:
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Recuperación de voto propio desmovilizado: +15–20 escaños
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Concentración del voto a la izquierda por debilitamiento de socios menores: +10–15 escaños
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Penalización de la oposición por haber basado su estrategia casi exclusivamente en causas judiciales fallidas: +5–10 escaños
El resultado agregado sitúa al PSOE en una horquilla de 150–160 escaños, suficiente para revalidar la actual mayoría de investidura con los grupos progresistas y nacionalistas, incluso sin necesidad de escenarios de máxima fragmentación.
La política española ha apostado fuerte por la judicialización. Pero esa apuesta tiene un riesgo: si no hay condenas, no hay relato. Y si no hay relato, vuelven a mandar los datos, la economía y las mayorías sociales. Si todos —o casi todos— los casos acaban en nada, el PSOE no solo sobrevivirá al ciclo: puede salir reforzado, hasta el punto de volver a disputar la hegemonía parlamentaria con cifras que hoy muchos consideran imposibles.