Las imágenes que llegan desde Ceuta han consternado a todo un país. La entrada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma desde territorio marroquí ha devuelto a España a un escenario que parecía haber quedado atrás. Cinco años después de la crisis fronteriza de 2021 y cuatro después del giro del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, la relación con Marruecos arroja su principal debilidad: la estabilidad de la frontera depende en buena medida de la voluntad y de la capacidad de actuación del régimen alauí.
La emergencia tiene una primera lectura que no debería soslayarse; una dimensión humana que no admite simplificaciones. Según estimaciones del Ministerio del Interior, cerca de una treintena de personas han muerto en el intento por alcanzar Ceuta a nado. Mientras tanto, miles de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, consiguieron entrar en la ciudad o han tratado de hacerlo en las últimas horas. Una llegada masiva de personas que ha desbordado las capacidades ordinarias de respuesta y ha obligado al Gobierno a desplegar efectivos militares como apoyo a la Guardia Civil. Pedro Sánchez, que visitaba este viernes la ciudad autónoma, anunciaba la repatriación de todos aquellos que cruzaron la frontera, no sin antes calificar lo ocurrido en las últimas jornadas como “un ataque a la integridad territorial” española y, al mismo tiempo, agradeciendo a Marruecos su presunta “cooperación”.
Lo sucedido, sin embargo, no puede interpretarse únicamente como un repunte migratorio. La frontera entre Marruecos y las ciudades autónomas ha demostrado repetidamente que también funciona como un termómetro de la relación diplomática. No existen, por ahora, pruebas públicas concluyentes de que Rabat haya ordenado abrir el paso o haya organizado deliberadamente las salidas. Sí hay indicios de una relajación del control, una acumulación excepcional de personas en las inmediaciones de Ceuta y unos antecedentes que obligan a plantear preguntas que Interior y Exteriores tratan de esquivar.
El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha destacado la “ejemplar colaboración” entre España y Marruecos y atribuye la movilización a redes de tráfico de personas que habrían utilizado una reciente resolución judicial para extender el rumor de que quienes accedieran a Ceuta no podrían ser devueltos. Madrid y Rabat también han acordado acelerar la entrega de quienes hayan entrado irregularmente. Esa explicación puede formar parte del problema, pero no resuelve la cuestión fundamental: cómo pudieron concentrarse y avanzar miles de personas por una de las fronteras más vigiladas del norte de África sin que los mecanismos preventivos funcionaran a tiempo.
De la crisis de Ghali al giro sobre el Sáhara
La crisis obliga así a mirar hacia mayo de 2021. Entonces, la hospitalización en España de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, desencadenó una grave ruptura con Marruecos. Ghali había llegado desde Argelia para recibir tratamiento médico por coronavirus y Rabat consideró su acogida una afrenta. Pocas semanas después, miles de personas cruzaron a Ceuta ante la pasividad inicial de las fuerzas marroquíes. La conexión política entre ambos episodios fue reconocida de manera suficientemente explícita por el propio Gobierno marroquí, que rechazó que aquella crisis pudiera reducirse a una discrepancia consular o sanitaria.
La respuesta de Sánchez llegó en marzo de 2022. En una carta dirigida a Mohamed VI, el presidente respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. El movimiento modificó la posición mantenida durante décadas por España y se adoptó sin un debate previo en el Congreso, provocando el rechazo de buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno y del Frente Polisario.
Unas semanas más tarde, Sánchez viajó a Rabat y presentó junto a Mohamed VI una “nueva etapa” basada en la comunicación permanente, el respeto mutuo y la ausencia de actuaciones unilaterales. La Moncloa defendió entonces que el acuerdo proporcionaba unas bases sólidas para la relación estratégica entre ambos países. En 2023, el presidente aseguró incluso que se había alcanzado un elevado grado de cumplimiento de la hoja de ruta bilateral.
La nueva crisis de Ceuta cuestiona ahora el alcance de aquellas garantías. España modificó una posición especialmente sensible para Marruecos, pero no eliminó su vulnerabilidad ante los movimientos en la frontera. La cooperación migratoria mejoró durante los años posteriores, aunque continuó descansando sobre un esquema desequilibrado: Madrid necesita que Rabat controle las salidas y Rabat sabe que esa necesidad le concede una capacidad de presión extraordinaria.
El difícil equilibrio entre Marruecos y Argelia
El momento elegido para este nuevo episodio añade todavía más interrogantes. Apenas diez días antes, Sánchez viajó a Argelia para reunirse con el presidente Abdelmayid Tebún y anunciar una nueva etapa entre sendos países, incluida la celebración en octubre de la primera Reunión de Alto Nivel entre ambos países en ocho años. El acercamiento busca cerrar la crisis abierta en 2022, cuando Argel respondió al giro español sobre el Sáhara suspendiendo el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.
Argelia es el principal apoyo internacional del Frente Polisario y el gran rival estratégico de Marruecos en el Magreb. La visita de Sánchez a Argel no implica necesariamente que exista una relación directa con la presión sobre Ceuta, y establecerla como un hecho sería aventurado. Sin embargo, la proximidad temporal alimenta las sospechas de que Rabat quiera recordar a Madrid los límites de cualquier acercamiento a su adversario regional. A ello se añaden otros asuntos pendientes, desde el futuro del Sáhara hasta las negociaciones europeas que afectan a Marruecos y la gestión de Ceuta y Melilla.
Es esta una de las principales lagunas de la posición del Gobierno en esta materia. España apostó por cerrar la crisis con Marruecos mediante un giro de gran calado sobre el Sáhara, deterioró durante años su relación con Argelia y ahora intenta recuperar el equilibrio sin revisar públicamente ninguna de sus decisiones. El resultado es una diplomacia obligada a tranquilizar simultáneamente a dos potencias enfrentadas, de una de las cuales depende una parte de la seguridad fronteriza y de la otra una relación energética y económica esencial.
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