Es una denuncia a voces: El Partido Popular está demantelando la Ley de Dependencia, con María Dolores Cospedal a la cabeza en Castilla-La Mancha, comunidad que preside y que no es, precisamente, territorio apto para los dependientes, que hartos de sus continuos ataques y vulneración de la ley decidieron el pasado 18 de agosto denunciar a la también secretaria general del PP ante la Fiscalía General del Estado que dirige Eduardo Torres Dulce, acusándola de un posibe delito de prevaricación. Denuncia que ha hecho suya este jueves el PSOE castellano-manchego, que solicitará a la Fiscalía regional que tome cartas en el asunto.

Pide a la Fiscalía que actúe de oficio
Así las cosas, el PSCM-PSOE va a solicitar a la Fiscalía de Castilla-La Mancha que actúe de oficio e investigue lo que considera una vulneración de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Cospedal, que “aprovechando el verano está enviando cartas a dependientes amenazándoles con retirarles prestaciones a las que tienen derecho y por el incumplimiento manifiesto, mes a mes, de esta ley”, según ha anunciado la diputada nacional socialista, Guadalupe Martín, sumándose así a la iniciativa legal emprendida por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.

Amenazas a los dependientes
Para la parlamentaria socialista resulta muy grave que, “aprovechando el mes de agosto, el Gobierno de Cospedal esté enviando cartas en tono amenazante a los dependientes diciéndoles que o aceptan la propuesta que reciben por escrito o su expediente se archivará”, como así queda recogido en el documento al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver carta). Y es que para Martín el escrito de Cospedal queda claro: “Les dice estos son lentejas, las tomas o las dejas”, añade, “algo que no se puede permitir y que es totalmente ilegal”.

Comparecencia del polémico Echániz
Paralelamente, el PSOE también pedirá la comparecencia en las Cortes castellano-manchegas del polémico consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, para que explique esta forma de actuar “que está convirtiendo a Castilla-La Mancha en una de las comunidades autónomas que más está recortando la ley cuando éramos la región pionera en su aplicación”, concreta la diputada, al mismo tiempo que lamenta que, “mientras Cospedal sigue de vacaciones, nuestra región va cuesta abajo y sin frenos en la aplicación de la Ley de Dependencia”.

Los datos demoledores de Cospedal
Declaraciones de la parlamentaria socialista avaladas por los datos aportados a este periódico por el portavoz de la Plataforma de la Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña: “Los números oficiales facilitados por el IMSERSO cantan y demuestran que estas personas sufren exclusión social, precariedad asistencial y despreocupación absoluta por una Ley en la que Cospedal nunca ha creído y defendido”. Valga de ejemplo esta esperpéntica estadística en Castilla-La Mancha: Desde que Cospedal Gobierna hay 9.456 dependientes que tienen derecho reconocido y sin embargo no reciben prestación, 42.824 personas han quedado fuera de las prestaciones en dependencia, en un mes 208 familias han perdido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, casi 10 personas al día han perdido su condición de gran dependiente en julio, 60 ayudas a domicilio menos, 99 prestaciones en teleasistencia menos, 49 plazas residenciales menos, 33 servicios de prevención de dependencia menos...

Indignados, cabreados y dispuestos a todo
Pero a pesar de las amenazas de Cospdal, de los insultos del consejero de Sanidad, de las críticas de la portavoz del PP en Castilla-La Mancha; a pesar de todos los pesares, los dependientes castellano-manchegos han demostrado que no se cruzarán de brazos mientras el PP desmantela la Ley de Dependencia. De ahí su denuncia ante el fiscal general Torres Dulce. “ Como exponemos en el escrito de denuncia (ver documento), el Gobierno de Cospedal da el tratamiento de ‘nuevos’ a todas las revisiones para hurtarles cantidades que legalmente les corresponden, todo ello a pesar de seguir manteniendo el número y año de expediente originales, muchos de los cuales son de 2007” por lo que, a juicio Gómez-Ocaña, “Cospedal podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación al dictar resoluciones que no se ajustan a derecho a sabiendas de ello”.