Sigue la batalla judicial por el Centro de Atención de Inmigrantes (CREADE) de Pozuelo de Alarcón entre el Gobierno central y el Ayuntamiento. Para que pueda permanecer abierto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá presentar un recurso contra la orden de cierre que el pasado mes de septiembre dictó el ayuntamiento de esta localidad.
El pasado mes de enero, el Juzgado de lo Contencioso número 16 aceptaba las medidas cautelares solicitadas por Moncloa, suspendiendo de este modo el cierre del espacio. Si bien, el juez recuerda ahora que el cierre no es definitivo, por lo que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a presentar un nuevo recurso.
El CREADE, ubicado en la Zona Sur de Pozuelo, dependiente de Patricia Peinado, la hija del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigación contra Begoña Gómez, arrastra meses de pugna en los juzgados hasta (o desde) que el pasado 15 de septiembre el Consistorio decretó su cierre definitivo. Según defendía el equipo de la alcaldesa, en ese momento vivían aquí más de 400 migrantes.
Dos meses después, la Secretaría de Estado presentó un recurso ante el juzgado solicitando la paralización de la orden y la adopción de medidas cautelares. Ya en enero, la Justicia aceptaba estas medidas cautelares, dejando así suspendido de forma provisional la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo. Según la última versión de la Secretaría de Estado, el centro cuenta con una ocupación de 70 personas, todas ellas mujeres ucranianas de protección temporal con niños y niñas, así como mujeres procedentes, principalmente, de Afganistán o Latinoamérica.
El Ayuntamiento alega problemas de ocupación; el Gobierno los niega
En conclusión, sigue la guerra por ver si el CREADE mantiene abiertas o no sus puertas, en plena pugna por la migración. En paralelo a la regularización de medio millón de personas migrantes, el Gobierno celebraba como una buena noticia el último pronunciamiento de la Justicia hasta el de ahora, todo a la vez que niega que haya “hacimiento” en el centro migratorio. Todo lo contrario, indicaban que la ocupación estaba al 17%.
Abierto en 2022, ha atendido la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales, muy alejadas de las 70 que, según Migraciones, están actualmente ocupadas. Desde el departamento que dirige Elma Saiz subrayaron que el CREADE de Pozuelo “ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías”.
Además, recordaban que había sido un “centro de referencia” para otros espacios similares y “un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocidos prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)”. Asimismo, se refería a la profesionalidad y celeridad con la que se atienden a estas personas. “En apenas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derecho y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan”.
El Ayuntamiento de Paloma Tejero ha insistido constantemente en que el centro incumple “no solo la normativa municipal, sino también la estatal”. En este sentido, señalan que el CREADE solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedaje breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y “no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo”.
El Consistorio dio en un primer momento un plazo de cuatro meses para realojar a las personas que residían en el lugar que venció el 17 de enero. En ese tiempo se sucedían las acusaciones, llegando a decir Pozuelo que el Gobierno no había hecho “nada” para “regularizar esa situación en la vía administrativa”; sino que se había “limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre”.
Revés para el Gobierno de Ayuso
En otro orden de cosas, hace unas semanas el Tribunal Supremo (TS) rechazaba la petición de la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.
El delegado del Ejecutivo en la capital regional, Francisco Aguirre, ensalzaba que “priorizara la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema”, una línea similar a la que hablaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctos Torres. En su caso, señalaba que era una noticia de “humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla".